La Sala Dos de la Cámara Federal rechazó el recurso presentado por la defensa del político, que es investigado por presunta falsificación de documento público.

La Sala Dos de la Cámara Federal confirmó este miércoles el proceso que se sigue en contra del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, quien es investigado por supuesta falsificación de documento público para la transferencia de un vehículo. La defensa del político había presentado un recurso para evitar que el trámite siguiera su curso, el que fue rechazado por los jueces.

La confirmación del procesamiento fue votada de forma unánime por los magistrados del tribunal de alzada, quienes de esta forma respaldaron la medida adoptada contra Boudou por el juez federal Claudio Bonadío. También fueron confirmados los procesamientos de Agustina Seguín, expareja de Boudou, y la exfuncionaria del Registro Automotor que denunció el hecho, María Graciela Taboada de Piñero.

Según Bonadío, el vicepresidente “transfirió en su favor el vehículo (...) mediante documentación falsa”. Boudou inscribió un auto Honda importado en 1993 “con un formulario falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con otro formulario con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él, con un motor que no era el original de fábrica, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial”, informó la Justicia.

Tiene más causas

Los abogados del segundo de Cristina Fernández sostienen que tanto Boudou como Seguín fueron “víctimas” de la persona que se encargó de hacer los trámites. Boudou “no tenía por qué cometer una irregularidad ya que el vehículo Honda estaba a su nombre”, indicaron sus defensores. Cabe mencionar que dentro de la misma causa, y por orden judicial, el político acudió este martes a dejar impresas sus huellas dactilares.

El vicepresidente argentino se encuentra procesado además en otra causa por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo y cohecho. Es acusado de supuestamente haber ejercido su influencia cuando era ministro de Economía para conseguir el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre la principal imprenta de billetes del país, Ciccone Calcográfica, y que quedara en manos de supuestos allegados suyos. A eso se suman investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, irregularidades en la compra directa de 19 vehículos para el Ministerio de Economía y dádivas.