Buenos Aires, EFE. El gobierno argentino elevó este jueves una "enérgica protesta" al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Remigiusz Achilles Henczel, por la "conducta observada" por la relatora Gabriela Knaul respecto a la reforma judicial llevada a cabo por el Ejecutivo de Cristina Fernández.

El canciller argentino, Héctor Timerman, se dirigió este jueves en una carta a Achilles Henczel para reprobar la conducta de Knaul que consideró "sería violatoria de los procedimientos y buenas prácticas que rigen dicha institución", informó hoy el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La experta de la ONU exhortó el lunes 29 de abril al gobierno argentino a reconsiderar los proyectos de ley para reformar el Consejo de Magistratura y para limitar las medidas cautelares y este jueves reiteró que existe "un potencial riesgo de que se rompa la independencia" si dichas iniciativas se convierten en ley.

"El proyecto de las medidas cautelares va a restringir el acceso a la Justicia. La Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que aplica la ley", aseguró este jueves Knaul a Radio Mitre.

En la misiva, además de resaltar los artículos que, a su juicio, no fueron respetados, el gobierno argentino señala que se "reserva los medios que le corresponden para preservar el buen nombre y prestigio del país así como de la organización a la que, con tanto orgullo, pertenece".

Timerman adjuntó en su misiva la nota enviada a la relatoría especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU como respuesta del Gobierno argentino al llamamiento urgente realizado por la relatora el pasado 26 de abril.

El canciller argentino reitera a Achilles Henczel el "profundo malestar" producido por Knaul "por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina y que fueron contestadas de inmediato a pesar de contar con 30 días para hacerlo".

Igualmente reclama por "incumplimiento de procedimientos" y "serias infracciones" por parte de Knaul, "que podrían dar lugar a su descalificación para continuar con su trabajo al frente de esta cuestión".

Según la cancillería argentina Knaul violó el artículo 10 del Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU haciendo "una utilización abusiva de un recurso establecido para cuestiones de carácter excepcional en las que la vida o integridad de las personas se encontrar en peligro".

Apunta también que según el artículo 6 del Código de Conducta, los procedimientos especiales deben estar basados en "información objetiva y fidedigna que dimane de fuentes creíbles".

La cancillería cuestiona a Knaul por no cumplir el Manual de Operaciones para los Procedimientos Especiales, en el que se encomienda a los relatores "a entablar un diálogo con el Gobierno a través del procedimiento de comunicaciones antes de emitir un comunicado de prensa u otra declaración pública".

"Como canciller de la República Argentina -señala Timerman- solicito en los términos más categóricos se tenga a bien garantizar el fiel cumplimiento de los códigos de conducta en lo que se refiere a la relatora Gabriela Knaul y su trabajo en relación a mi país".

La Cámara de Diputados argentina aprobó los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares contra el Estado el pasado 24 de abril.

El primero de ellos fue modificado y volverá al Senado la próxima semana para su tramitación final, mientras que el segundo entró en vigor el pasado martes.

La polémica reforma judicial se completa con un proyecto de ley para crear tres cámaras de casación, otro para democratizar el acceso a la Justicia, uno más para publicitar los actos del Poder Judicial y un último de transparencia que obligará a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales.