El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a 26 represores de la última dictadura militar de Argentina, detalló el rol que le cupo al Destacamento 101 de inteligencia de La Plata en los secuestros ilegales y la sustracción de menores durante la última dictadura militar.

El accionar de esa dependencia consta en la elevación a juicio, cuya lectura continuó en la segunda audiencia del juicio iniciado ayer, al precisar los hechos que se imputan al ex jefe de esa área Alejandro Arias Duval.

Según la elevación a juicio, el Destacamento que dirigía Arias Duval "prestó un apoyo imprescindible en la implementación y desarrollo de la represión clandestina".

"La tarea de los organismos dedicados a recolectar, almacenar, administrar y entregar la información desempeñaban un rol esencial en el impulso de los mecanismos de funcionamiento del aparato organizado de poder ", precisa.

Remarca también que "se ha acreditado que el Destacamento 101 también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona".

"Los titulares de las dependencias militares de inteligencia no sólo estaban al tanto del plan de represión ilegal que se cernía sobre esta región y el resto del país, sino que el área que dirigían era un eje fundamental en la estructura criminal organizada", sostiene la acusación.

Destaca que los secuestros y detenciones "eran precedidos necesariamente por una labor de inteligencia que individualizaba a las futuras víctimas".

"El Destacamento 101 contribuyó sin dudas a aumentar la capacidad ofensiva del aparato organizado de poder en el que se hallaba inserto y del cual constituyó un eslabón indispensable", dice la acusación.

En la elevación leída se imputó a Arias Duval participación en la privación ilegal de la libertad de más de 80 personas y en la sustracción, retención y ocultamiento de cuatro niños menores de diez años.

Se trata de José Sabino Abdala, de dos años y ocho meses; María Eugenia Gatica Caracoche, de 13 meses, ambos restituidos posteriormente a sus familias; Ana Libertad Baratti de la Cuadra y Leonardo Fossatti Ortega, estos últimos nacidos en la comisaría quinta de La Plata.

De los 26 imputados por los delitos cometidos en seis centros de detención del circuito Camps, once llegan al juicio con prisión domiciliaria y cinco excarcelados.

Los imputados son el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Manuel Saint Jean y su ministro de gobierno, Jaime Lamont Smart; el represor Miguel Etchecolatz y su chofer Hugo Alberto Guallama.

También, son juzgados el oficial de la policía bonaerense Domingo Almeida; el coronel del Ejército con el cargo de subjefe de la Policía bonaerense Rodolfo Aníbal Campos y el oficial principal de Seguridad de la policía bonaerense Luis Vicente Patrault.

Los acusados incluyen también al oficial principal de Seguridad de la policía bonaerense Carlos García; el jefe de la Unidad Regional de La Plata, Horacio Luján; el coronel Alejandro Arías Duval; el oficial principal Eros Tarela; el médico de la policía Jorge Berges; el cabo Norberto Cozzani; el oficial Roberto Antonio Cabrera y el oficial inspector Sergio Verduri.

Otros de los imputados son el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez; el subcomisario de seguridad en la Brigada de Investigaciones de La Plata, Miguel Kearney; el comisario de seguridad y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Fernando Svedas; el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Bernabé Jesús Corrales; y el Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pedro Ferriole.

Además se juzgará al oficial subinspector segundo en la Brigada de Investigaciones, Raúl Orlando Machuca; el cabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata, Julio César Argüello; el sargento primero, Mario Víctor Sita; el oficial Roberto Omar Grillo; el oficial ayudante Daniel Jorge Lencinas; y el oficial de la policía Santiago Antonini.