De todos los análisis políticos que publicó la prensa argentina respecto de la situación del vicepresidente Amado Boudou, tal vez el más perfecto sea el chiste del humorista Nik, publicado en la última página del diario La Nación. Allí, una foto de un sonriente Julio Cobos es acompañada por un “globo” de texto en el que se le hace decir al ex vicepresidente: “Cristina, ¿no me extrañás un poquito?”.

Y es que realmente empieza a dar la sensación de que Cristina Kirchner estaba más cómoda cuando debía convivir con su díscolo primer vicepresidente. Al menos, en aquella situación la mandataria podía presentarse ante la opinión pública como víctima de una traición por parte de un político no peronista.

En cambio, ahora no hay a quién echarle la culpa: Boudou es casi un invento político de Cristina, que lo rescató de su cuasi anonimato para transformarlo en estrella política a partir de la reestatización del sistema jubilatorio y que luego lo elevó a las categorías de ministro, confidente y vicepresidente, aun enfrentando la resistencia del aparato partidario peronista, que siempre miró con recelo a ese ex militante de la derecha liberal.

Su nombramiento como vicepresidente –descartando a la opción más tradicional de algún gobernador peronista de una provincia importante– supuso un mensaje claro: “ La profundización del modelo”.

Hasta los empresarios críticos del gobierno estaban contentos y pensaban que Boudou sería la llave para que el país volviera al mercado internacional de crédito y que pondría una cuota de racionalidad a la hora de hacer un inevitable ajuste económico.

Sin embargo, al menos por ahora, no parece que Cristina Kirchner esté dispuesta a sacrificar a su vicepresidente, pero también es cierto que cada vez son más ostensibles las señales de que Boudou está siendo dejado en soledad.

Hoy el vicepresidente es investigado por la Justicia por tráfico de influencias en favor de una empresa, Ciccone (ver nota aparte).

Y Boudou ya no es más el simpático e informal economista que toca la guitarra junto al grupo La Mancha de Rolando. Así, de inofensivo ladero de la presidenta pasó a convertirse en la peor pesadilla del kirchnerismo, que se debate en la incómoda disyuntiva de soltarle la mano o salir en su defensa, asumiendo el riesgo de que todo el gobierno quede sospechado de corrupción.

Empieza el costo político. La errática estrategia defensiva de Boudou no ha hecho más que alimentar las sospechas. Empezó con la indiferencia sin molestarse en contestar las denuncias, apenas se limitó a ponerse una remera con la leyenda “Clarín miente” al tocar la guitarra en un escenario junto a La Mancha de Rolando.

Luego, a instancias de la presidenta, dio entrevistas en los “medios amigos” para dar su versión de los hechos. Dijo que todo era parte de un circo mediático armado por los enemigos de Cristina Kirchner, una larga lista que empezaba por el multimedio Clarín y terminaba por Boldt, una empresa competidora de Ciccone.

El vicepresidente no pareció convincente en sus explicaciones.

Y llamó la atención que funcionarios que en otras situaciones habían salido resueltamente a defender causas indefendibles, esta vez medían cuidadosamente sus palabras.

Así, el ministro del Interior, Florencio Randazzo y el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, afirmaron, textualmente, que no ponían las manos en el fuego por el vicepresidente. En tanto, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, deslindaba responsabilidades sobre su accionar respecto de las deudas de Ciccone y daba a entender que todo había ocurrido tal como Boudou lo había solicitado. Y la presidenta del banco Central, Mercedes Marcó del Pont, resistió durante meses la firma de un acuerdo para que Ciccone imprimiera billetes.


Pero la pesadilla de Boudou está ligada al avance de la investigación judicial. Bajo la sospecha de tráfico de influencia, lavado de dinero y acciones incompatibles con la función pública, un juez y un fiscal comenzaron a hurgar en la vida de Boudou, a la búsqueda de pruebas que lo vinculen con el fondo de inversión que ahora está a cargo de Ciccone. Y el pasado miércoles, en un allanamiento a un departamento que el vicepresidente había puesto en alquiler, descubrieron que el misterioso Vanderbroele pagaba las expensas.


Al día siguiente, el vice llamó a una conferencia de prensa. Nervioso como nunca, irritado, poco articulado en su discurso, se dedicó a disparar munición gruesa contra “las mafias”, pero esta vez no se limitó a los consabidos ataques contra Clarín y otros grupos económicos.

También acusó al juez Daniel Rafecas de ser parte de la conspiración para perjudicar al gobierno. Y pidió que se investigara a la empresa Boldt, la competidora de Ciccone, por sus contratos sin licitación en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Además, acusó al presidente de la bolsa de valores de haber intentado sobornarlo.

El mensaje pareció claro: acorralado, Boudou no escatimaría en ningún tipo de medio para defenderse, aun cuando ello implicara tirarse contra figuras de la talla del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. A esta altura, resulta inocultable que el gobierno ya paga un costo político por el escándalo que envuelve al vicepresidente. Al decir del politólogo Sergio Berensztein, “si el oficialismo no maneja el tema con profesionalismo, es inevitable que sufra un debilitamiento”.

Sin embargo, al menos por ahora, no parece que Cristina Kirchner esté dispuesta a sacrificar a su vicepresidente, pero también es cierto que cada vez son más ostensibles las señales de que Boudou está siendo dejado en soledad.

La clave es un monotributista. Hasta hace pocas semanas todavía soñaba con una candidatura presidencial para 2015 y ahora dedica su jornada a asesorarse con abogados– empezó cuando el periodista Jorge Lanata volvió a la radio, en una emisora del grupo Clarín, archienemigo del kirchnerismo.

En su primer programa, un periodista de Lanata realizó un informe en el que denunciaba que Boudou había favorecido a Ciccone, una imprenta de billetes y otros títulos de valores.

Según la denuncia, esta firma estaba en situación de quiebra, pero Boudou intercedió para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) diera una generosa e inusual refinanciación de su deuda. Luego, un misterioso fondo de inversión apareció para rescatar a la compañía y ponerla de nuevo a trabajar y posteriormente Boudou comenzó a presionar para que el banco Central le adjudicara a Ciccone un contrato de impresión de 700 millones de billetes, con un costo 45% superior al que el año pasado cobró la casa de la moneda de Brasil.

Pero el verdadero detonante de la crisis fue cuando se supo que el supuesto empresario que había rescatado de la quiebra a Ciccone, un tal Vanderbroele, figuraba en los registros de la AFIP como un monotributista (la categoría más baja de los trabajadores independientes), lo que implica que tenía ingresos inferiores a unos 140.000 pesos uruguayos al año. Es decir, sin la más mínima apariencia de poder dirigir un fondo de inversión capaz de hacerse cargo de una empresa endeudada.

Con los días apareció en la televisión la ex esposa de Vanderbroele, afirmando que su marido le había confiado ser “el testaferro de Boudou”.