El poderoso sindicato de camioneros lanzó el martes un desafío a la administración de la presidenta Cristina Fernández al anunciar que paralizaba por 72 horas la entrega de combustibles, lo que producía desabastecimiento en gasolineras de las principales ciudades argentinas.
Buenos Aires. El gobierno de Argentina ordenó este miércoles que gendarmes, una fuerza de seguridad militar, se movilizaran a algunas plantas para restablecer la distribución de combustibles, suspendida por una huelga de camioneros que reclaman un aumento salarial y una reducción de impuestos.
El poderoso sindicato de camioneros lanzó el martes un desafío a la administración de la presidenta Cristina Fernández al anunciar que paralizaba por 72 horas la entrega de combustibles, lo que producía desabastecimiento en gasolineras de las principales ciudades argentinas.
"La Gendarmería ha ingresado a la terminal de (refinación de) 'La Matanza' para poner en marcha los camiones para llenarlos (...) Estos camiones van a salir custodiados", dijo el secretario de Seguridad, Sergio Berni.
"La gente lo que tiene que saber es que la presidenta ha ordenado que despleguemos todos los dispositivos que tiene el Estado", añadió.
En algunas gasolineras de Buenos Aires y sus alrededores se observaban largas filas de automóviles, mientras que en otras no se despachaba porque no llegaban los camiones.
El gobierno había exigido, sin resultados, que los camioneros depusieran las medidas de presión para que se cumpliera con una conciliación obligatoria dictada horas antes de que comenzará la paralización.
Los camioneros controlan, además de la distribución de combustibles y dinero, el transporte de productos agrícolas y los gremios portuarios en Argentina, uno de los mayores exportadores de granos del planeta.
El sindicato es manejado por Pablo Moyano, hijo del jefe de la mayor central obrera del país, Hugo Moyano, quien está enfrentado con la presidenta Cristina Fernández.
A raíz de la medida de fuerza, Fernández adelantó su regreso desde Río de Janeiro, donde participaba en la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas llamada Río+20.
El sindicato reclama a los empresarios un aumento del 30% en los salarios para compensar la inflación, que economistas privados calculan en más del 25% anual, y la eliminación del llamado impuesto a las ganancias que afecta a sus remuneraciones.
