Buenos Aires. Miles de argentinos salieron este miércoles a las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior del país en rechazo a un reciente fallo de la Corte Suprema, que permite acortar la pena a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

     La masiva marcha de la capital tuvo como epicentro la emblemática plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, hasta donde confluyó un amplio espectro político y social, encabezado por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el colectivo Espacio Memoria, Verdad y Justicia.

     La convocatoria se realizó bajo la consigna #10MNuncamas, que evoca el "Nunca Más", informe dirigido por el escritor Ernesto Sábato para dar cuenta y documentar los crímenes ocurridos durante el último Gobierno militar en el país.

El fallo del Supremo, adoptado por una mayoría de tres a dos votos, contó con la postura favorable de los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos designados por el presidente Macri. El tercer voto lo sumó la jueza Elena Highton de Nolasco, cercana al Frente para la Victoria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

     Los miles de participantes asistieron con pañuelos blancos, símbolo de la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo, las primeras en reclamar, a fines de la década de 1970, la aparición con vida de sus hijos desaparecidos.

     La referente de esa entidad, Taty Almeida, definió la de hoy como una "jornada histórica". "El pueblo y los organismos de derechos humanos reunidos en (esta) histórica plaza decimos bien fuerte 'Nunca más'", proclamó.

     Por su parte, la titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, resaltó que "afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza" ante la decisión del máximo tribunal del país y pidió a "cada uno de los representantes de los poderes del Estado que realicen las acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo".

     Estuvieron presentes, además, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), organizaciones sociales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el Frente para la Victoria, la coalición que agrupa al kirchnerismo.

     El viernes pasado, la Corte Suprema de Argentina abrió la posibilidad de que 248 de los casi 500 militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 recuperen la libertad, al aplicar un mecanismo previsto en la legislación denominado "dos por uno", por el cual cada día en prisión preventiva (en la cárcel pero sin sentencia firme) se cuenta doble.

     El instrumento del "dos por uno" se había utilizado para delitos comunes pero nunca para casos de lesa humanidad, lo que ha conmovido a la sociedad argentina.

     "Es inadmisible que se dé un fallo de esta forma, de liberar a tanta gente que ha cometido estos delitos criminales, torturas... Es inadmisible para nosotros, no podemos tolerar esto, nos tenemos que manifestar de alguna manera para que recapaciten y que retrocedan", dijo a Xinhua durante la marcha Silvia, una mujer de 62 años.

     El presidente argentino, Mauricio Macri, negó que el Gobierno tenga relación con el fallo y señaló, en una conferencia de prensa en la provincia de Mendoza (oeste), que en el país hay "división de poderes", en virtud de lo cual el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Justicia.

     "La independencia de poderes en un país es fundamental. Estoy contento de que tengamos una Corte Suprema independiente, prestigiosa, que decide las cosas de acuerdo al criterio jurídico que se presenta".

    

   El fallo del Supremo, adoptado por una mayoría de tres a dos votos, contó con la postura favorable de los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos designados por el presidente Macri. El tercer voto lo sumó la jueza Elena Highton de Nolasco, cercana al Frente para la Victoria de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

     En su decisión, la Corte Suprema aprobó una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión, lo que causó malestar entre jueces de tribunales inferiores, fiscales, legisladores y abogados.

     En ese contexto, el Congreso aprobó esta tarde, con acuerdo entre el oficialista Frente Cambiemos y los distintos bloques de la oposición, una ley que excluye del beneficio del "dos por uno" a los autores de delitos de lesa humanidad.

     La norma, aprobada por unanimidad en el Senado luego de que hicieran lo propio los diputados la noche del martes, establece que el beneficio "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

     La reacción de los legisladores "da esperanza y gratitud", subrayó Carlotto, de las Abuelas de la Plaza de Mayo.

* Con información de Xinhua y Reuters.