Las hostilidades entre el Ejecutivo y Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, subieron este miércoles de tono con señalamientos mutuos y el retiro de la entidad anticorrupción de las iniciativas de transparencia que promueve la Vicepresidencia a través de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret).

Las diferencias comenzaron desde noviembre último, cuando se cuestionó la forma como se elaboró el Índice de Percepción de Corrupción, emitido por Transparencia Internacional con datos de AC, y en el cual se señala a Guatemala como el séptimo país más corrupto del continente americano.

El enfrentamiento se hizo evidente el lunes recién pasado, cuando la Copret presentó su informe anual y la vicepresidenta Roxana Baldetti acusó a AC de no querer colaborar con el gobierno del Partido Patriota, y que se les había invitado en 13 ocasiones, lo cual fue negado por David Gaitán, integrante de esa entidad.

Este martes, en conferencia de Prensa, Marvin Flores, coordinador de proyectos de AC, informó que esa agrupación renunciaba a participar en las mesas de trabajo de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (Cost) y de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti), debido a “los escándalos reiterados, falta de voluntad, de resultados y la descalificación al trabajo” de AC.

AC fue uno de los promotores de las iniciativas de transparencia para el sector construcción e industrias extractivas en el 2010, con el objetivo de que fueran adoptadas e implementadas por el Gobierno, para lo cual estableció recomendaciones para los mercados específicos.

Con la salida de AC de estas instancias quedan los proyectos en manos de la vicegobernante, representantes de la Cámara de Industria y Construcción, así como de la Universidad de San Carlos (Usac).

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Posturas. Baldetti, al salir de una reunión en el Salón de Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, lamentó que la entidad sí haya aceptado trabajar junto al gobierno anterior y ahora se niegue a hacerlo.

“No me queda más que lamentar —la decisión de AC—, porque cuando uno se dedica a hacer un trabajo en beneficio del país siempre va a encontrar tropiezos, lo que no se vale es salir corriendo”, respondió.

Óscar Vásquez, director general de AC, expuso que la labor de fiscalización del gasto público seguirá siendo prioridad para la entidad y que el retiro es exclusivo de las dos iniciativas lideradas por la vicepresidenta.

“El Ejecutivo, lejos de acercarse a nosotros y mostrar la voluntad para tomar acciones que pudieran mejorar, se ha dedicado a descalificarnos, donde en un Estado democrático lo que más vale es el diálogo y no la confrontación”, aseguró Vásquez.

Flores afirmó que la decisión de abandonar el trabajo conjunto con el Ejecutivo se tomó hace varios meses, luego de que “han sido manejadas como promesas de campaña del Gobierno, pero sin llegar a acciones concretas”.

“Es un problema de este gobierno, que primero no entendía de qué se trataban estas iniciativas. Pasaron seis meses para entender un poco y han tratado de dirigirlas a su manera, cuando son instancias tripartitas. Esto es una muestra de que quien lidera el tema de transparencia en Guatemala no tiene la voluntad ni el interés de hacerlo”, resaltó Flores.

Reacciones. Para Carlos Martínez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, el distanciamiento no sorprende. “La actual administración no ha tenido buena relación con organizaciones de la sociedad civil y más con aquellas que vigilan los procesos de administración pública”, señaló.

Nora Segura, contralora general de Cuentas, refirió que el trabajo de la Contraloría no se ve afectado de ninguna manera con políticas de transparencia del Gobierno o acciones de organizaciones civiles, ya que se rige por otras normas.

Aseguró que la labor de fiscalización se le facilita más a través de denuncias ciudadanas y no de organizaciones civiles con financiamiento externo.

“Sí con la UNE; no con el PP”. La vicepresidenta Roxana Baldetti no descartó invitar a Acción Ciudadana para que participe y sea parte de la actividad fiscalizadora gubernamental, pero que ahora no se limite solo a mesas de discusión.

“Lamento muchísimo que una institución como AC, que tiene mucho renombre, haya querido participar en el gobierno de la UNE y no en el del PP. Que conste que es pagado, no es gratis. Se firman convenios, y estábamos dispuestos a firmarlos y pagar sus servicios”, indicó Baldetti.

Agregó: “En los proyectos nunca han estado, honestamente; solo han estado en mesas de discusión, pero yo no los necesito en mesas, el pueblo los necesita en fiscalización, adentro, revisando quién es el ladrón y denunciándolo, pues allí es donde quisiéramos que estén”.