Quito. La Asamblea Nacional de Ecuador retomó este jueves sus actividades con un controvertido debate sobre la virulenta sublevación policial que puso en vilo la estabilidad del país andino y paralizó por una semana la actividad legislativa.

En medio de una fuerte protección militar, los asambleístas retornaron a sus curules para investigar el motín policial, que comenzó como una protesta por un recorte de beneficios económicos y concluyó en un sangriento choque con militares que intervinieron para rescatar al presidente Rafael Correa.

"Espero que seamos capaces de tratar los temas con serenidad", dijo el presidente del legislativo, Fernando Cordero, al inaugurar la sesión.

Sin embargo, oficialismo y oposición iniciaron una tensa discusión sobre si la rebelión fue un intento de golpe de Estado, como dice el gobierno, o una protesta laboral que se le fue de las manos a las autoridades.

Durante la rebelión, la sede del Congreso fue invadida por policías después de que la seguridad legislativa abandonó su puesto en solidaridad con los sublevados y, según partidarios de Correa, con la complicidad de la oposición.

En la última sesión, la Asamblea tramitaba la polémica ley de austeridad del sector público que despertó la protesta de los policías, aunque no llegó a terminar el debate.

La ley entró en vigencia a inicio de semana, ratificando el retiro de beneficios y pagas por condecoraciones a los servidores públicos, incluidos policías y militares.

La Asamblea intentó sesionar durante los días posteriores a la sublevación, pero el oficialismo argumento falta de garantías, lo que fue calificado por partidos de oposición como una estrategia para justificar el supuesto golpe de Estado.

"Todo pudo haberse evitado y ustedes lo saben, lo saben en su conciencia. El presidente dice que había llorado por los muertos de ese día. Llore presidente porque su beligerancia los mató", dijo la asambleísta opositora Cynthia Viteri.

Correa informó este miércoles que alcanzó un consenso con fuerzas políticas afines a su proyecto para aprobar leyes clave para "radicalizar" la revolución socialista, lo que congeló el plan del mandatario de disolver la Asamblea y legislar por decreto hasta la convocatoria de elecciones.

Sin embargo, el presidente aseguró que la medida, conocida popularmente como "muerte cruzada", no ha sido descartada.

Más tarde este jueves, la Asamblea prevé iniciar el trámite de un polémico proyecto de ley de finanzas públicas, con la que el Gobierno busca incrementar su control sobre el presupuesto y el endeudamiento, así como ampliar su capacidad para captar recursos internos de la banca a través de bonos públicos.

El debate de este proyecto será determinante para el futuro de la Asamblea, pues Correa espera lograr su aprobación gracias al recién consolidado consenso político con sus aliados legislativos tras la rebelión policial.