Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, pidió este jueves a tribunales de otros países desconocer la orden de captura contra el líder opositor y diputado Julio Borges por considerar que es de "naturaleza política".

El Congreso también declaró como "inexistente" la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de quitar la inmunidad parlamentaria de los diputados de Primero Justicia Borges y de Juan Requesens, quien fue detenido este martes por la noche por funcionarios del servicio de inteligencia cuando se encontraba en su residencia en Caracas.

El oficialista Tribunal Supremo de Justicia ordenó este miércoles la detención de Borges, fuera del país desde hace meses, tras señalar su presunta vinculación al caso de la explosión de dos drones en un acto militar al que asistió este sábado el presidente Nicolás Maduro.

La decisión de la máxima corte fue aprobada el miércoles por unanimidad por la asamblea constituyente, una instancia con amplios poderes, pero cuestionada por Estados Unidos y otros países.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró este jueves una imagen con las fotos de Borges y Requesens como implicados en la explosión de un dron este sábado.

"Nosotros no queremos que maten a Maduro (...) queremos sacarlos de ahí por la vías democráticas (...) lo queremos vivito, lo queremos bien para que responda ante la justicia", dijo la diputada opositora y defensora de derechos humanos, Delsa Solórzano, en la sesión especial del jueves.

Según el acuerdo aprobado por el congreso opositor, en el caso de Borges es "inaplicable" la figura de extradición y la actuación de la policía internacional, Interpol.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró este jueves una imagen con las fotos de Borges y Requesens como implicados en las explosiones, que el gobierno denunció como un atentado contra el presidente venezolano.

El canciller Jorge Arreaza se reunió este jueves con el representante del Gobierno de Colombia, Augusto Blanco, para solicitar su cooperación judicial y extraditar a por lo menos dos personas a las que vincula a las explosiones.

La oposición alertó que temía persecuciones tras el incidente.