El presidente paraguayo, Fernando Lugo, designó este sábado a un nuevo ministro del Interior, en un intento de descomprimir la crisis desatada tras un violento desalojo que dejó seis policías y nueve campesinos muertos.

El incidente, el más grave en las últimas dos décadas, provocó fuertes críticas de la oposición por la manera en que se planeó el procedimiento que buscaba desocupar una propiedad privada invadida por campesinos en el noreste del país.

Lugo tomó juramento al ex Fiscal General del Estado Ruben Candia, quien ocupará el cargo dejado en la noche del viernes por Carlos Filizzola. El mandatario también cambió al comandante de la Policía Nacional.

Los cuestionamientos se centraron en la implementación de un protocolo para los desalojos que implicaba un dialogo previo para evitar la violencia. Fuentes policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban establecer las tratativas.

"Con la ley en la mano vamos a hacer los desalojos. El protocolo fue un aditivo que se ha instalado más allá de lo que expresamente está establecido en nuestro ordenamiento jurídico", dijo Candia en una rueda de prensa.

La policía ajustó a seis la cifra de los agentes caídos en el tiroteo y dijo que otros dos agentes se encontraban hospitalizados en estado grave. Fuentes oficiales habían señalado el viernes que los fallecidos eran ocho.

El médico forense de la fiscalía Pablo Lemir dijo que los policías recibieron disparos con dos tipos de municiones y desde diferentes ángulos. "Presumimos que los disparos provinieron desde un plano más arriba de los policías. Fue una emboscada", dijo una radioemisora local.

Las fuerzas de seguridad retomaron en la mañana de este sábado las tareas de búsqueda en la estancia ocupada, un predio de unas 2.000 hectáreas propiedad de un conocido empresario local, en un intento de localizar a campesinos heridos o a los que huyeron hacia una zona boscosa.

Lugo envió unos 150 efectivos militares al lugar situado a unos 240 kilómetros de Asunción en el departamento de Canindeyú para que apoyen la labor de la policía.

El conflicto hizo resurgir la posibilidad de un juicio político al presidente, que no tiene mayoría en el Congreso y está cerca de iniciar su quinto y último año de gestión.

Las cámaras mantuvieron una sesión de emergencia en la noche del viernes pero tras el cambio de ministro sólo resolvieron conformar una comisión para que investigue los hechos e impulse el castigo a los responsables en un plazo de 60 días.

El enfrentamiento dejó también al descubierto la persistencia de conflictos por la tenencia de tierras en uno de los países con mayores niveles de desigualdad social del continente.