En los últimos cinco años el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha ingresado a su programa de protección mediante un auto blindado, escolta personal o ambos, a 87 jueces federales. Y es que en el 2011 se tenía el registro de sólo 17 juzgadores bajo protección y hasta el 7 de noviembre pasado, 104 jueces mantenían ya alguna de las medidas de seguridad.

Mediante una solicitud de información hecha por El Economista, a través del Sistema Infomex, se puede precisar que los años 2013 y 2014 destacan sobre los demás. En el primero fueron protegidos 20 nuevos jueces, mientras que en el año siguiente ingresaron 47 juzgadores al programa, más del doble de un año a otro.

El Consejo de la Judicatura decide otorgar o cancelar las medidas de seguridad a los juzgadores federales de acuerdo a un análisis previo de cada situación. El otorgamiento de estas medidas se da a través de una petición expresa del juez.

Por su parte, la Dirección General de Programación y Presupuesto del Consejo informó sobre el presupuesto ejercido en materia de seguridad y vigilancia de la dependencia, estipulado en la partida número 338-01, aprobado por la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro Servicios de Vigilancia entre el periodo del 2000 al 2016.

En este apartado se muestra que desde el 2000 al 2009 hay una tendencia a la baja en el presupuesto designado. No obstante, a partir de ese año se aprecian variaciones entre el presupuesto asignado y el ejercido.

Del 2009 a este 2016 se registró un aumento de 1,734% en el presupuesto asignado, pues pasó de 26 millones 536.413 (US$1.077.000), a 486 millones 767.964 pesos (US$24 millones).

En el mismo periodo de tiempo destacan los años 2011, 2012 y 2013. En el primero de ellos, se asignó un presupuesto de 21 millones 837.183 pesos (US$1.077.000), sin embargo, se ejerció casi el doble de lo asignado, pues el gasto ascendió a 40 millones 914.767 pesos (US$2.018.000), es decir, un aumento de 87,3%.

Mientras que en el 2012 se asignaron 43 millones 805.477, pero se ejercieron 86 millones 583.073 un aumento de 97,6%. En tanto que un año después, en el 2013, se dispusieron 357 millones 802.824 pesos, de los cuales se ejercieron solamente 156 millones 851.244 pesos, en total 43,8 % del total de lo asignado.

Para este 2016, se han ejercido, hasta octubre pasado, 256 millones 251,644, alrededor de 52.6 % de lo estipulado para el año.

Asesinato de Bermúdez prendió focos. En octubre pasado, la muerte del juez federal en Materia de Amparos, Vicente Bermúdez Zacarías puso ante la mesa el tema de la protección a los impartidores de justicia.

El propio presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, condenó el hecho e hizo un llamado a las autoridades para el esclarecimiento del caso.

Por su parte, el ombusdman nacional, Luis Raúl González, dijo que hay propuestas como los jueces sin rostro que pueden preservar la integridad de los juzgadores. No obstante, algunas ONG señalaron que iniciativas como ésa eran inviables para el país.

Edna Jaime, de México Evalúa, por ejemplo, hizo un llamado en aquel entonces para repensar propuestas para hacer más efectivo el actuar de los jueces, así como medidas para salvaguardar su vida, sin necesidad de recurrir a ese tipo de mecanismos.

En entrevista reciente para 
El Economista, Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, declaró que es importante capacitar a los jueces en su trabajo e implementar medidas que los protejan.

“No podemos eximir completamente al Poder Judicial de la existencia de problemáticas internas, de corrupción, de falta de capacidad, de problemas estructurales para que el juez o los jueces puedan llevar acabo de manera cumplida su propio trabajo, entonces hay que brindar seguridad y capacitación a cada uno de los actores”, sostuvo Mazzitelli.