Montevideo. El presidente de Uruguay, José Mujica, defendió este jueves su plan de elevar la carga tributaria a las grandes propiedades rurales, una idea resistida por su vicepresidente que generó tensiones en la coalición gobernante de izquierda.

Mujica, un ex guerrillero que fue torturado y sufrió condiciones inhumanas de detención durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, dijo que elevar los impuestos a las grandes extensiones de tierra no cambiará las condiciones de negocios vigentes en el país.

"El hecho es multiplicar la riqueza, no cobrar impuestos. Hay que picanear un poco al que produce poco y tiene mucho", dijo el mandatario en su programa radial "Habla el Presidente".

La fuerte expansión del sector agropecuario uruguayo en los últimos años por los altos precios de las materias primas estimuló una fuerte inversión de capital extranjero, en su mayoría proveniente de Argentina y Brasil.

Mujica, en su habitual estilo coloquial, dijo que "viene gente de afuera con mucha guita (dinero) y hacen ofertas por los campos (...), tenemos que ser un país abierto (...), pero para un poquito, no me vengas a comprar toda la tierra y al final quedamos todos de peones".

La propuesta de Mujica de aumentar el impuesto inmobiliario sorprendió a parte de su gabinete, y el vicepresidente Danilo Astori, decisivo en el manejo económico del país, dijo que buscará cambiarla.

"Cualquiera sea el camino que tomemos, lo que se puede estar sugiriendo que puede haber nuevos cambios en el futuro y eso sí podría generar una sensación de incertidumbre y la incertidumbre no es buena compañera de las decisiones de inversión", afirmó Astori, en declaraciones a una radio.

Según medios locales, la propuesta de Mujica, que no fue divulgada oficialmente, buscaría elevar a 16 dólares anuales por hectárea el impuesto inmobiliario a los campos con más de 10.000 hectáreas, a US$12 los de más de 5.000, y a US$8 los de más de 2.000, desde los US$4 actuales.

De acuerdo al mandatario, unas 1.200 empresas serían afectadas por la nueva tributación, que aumentaría la recaudación en unos US$60 millones.