Washington. El jefe interino de la agencia de armas de fuego de Estados Unidos admitió, durante conversaciones secretas en el Congreso, que hubo errores en una operación fallida para seguir el movimiento ilegal de armas hacia México, dijeron el miércoles legisladores.

La operación, llamada "Rápido y Furioso", ha puesto al gobierno de Barack Obama en problemas, provocando dudas sobre quién sabía del tema dentro de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y el Departamento de Justicia, y también dudas sobre su cooperación con el Congreso.

Investigadores del Congreso entrevistaron al director interino de ATF, Kenneth Melson, el día del feriado del 4 de julio. El tenía su propio abogado en vez del abogado de ATF o del Departamento de Justicia, quien tenía planeado acompañarlo el 13 de julio a una entrevista.

"Fue sincero al admitir los errores que su agencia cometió y describió varias formas en que dice que trató de remediar los problemas", dijeron en una carta al Fiscal General Eric Holder, dos legisladores de alto rango que han estado investigando el fracaso del programa.

Los dos legisladores son Chuck Grassley, republicano de alto rango de la Comisión Judicial del Senado, y el Representante Darrell Issa, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Ninguno de ellos estuvo presente cuando Nelson fue interrogado, pero investigadores tanto republicanos como demócratas estaban en el lugar.

Melson también dijo a los investigadores que descubrió que otras agencias relacionadas con el cumplimiento de la ley tenían información clave que no compartieron y que el Departamento de Justicia le ordenó no responder preguntas.

"Rápido y Furioso" es una operación encubierta de la ATF para atrapar a compradores de armas en la frontera de Estados Unidos y que eran llevadas de contrabando a México por cárteles de drogas. Las autoridades esperaban que el programa ayudaría a rastrear las armas hasta los líderes de los cárteles.

Las consecuencias políticas de la operación están creciendo y los republicanos acusan al Gobierno de Obama de detener la entrega de documentos importantes.

Obama fue consultado sobre esto la semana pasada en una conferencia de prensa y dijo que no habría sido "un paso apropiado" para la ATF permitir que las armas pasaran por la frontera.

La operación provocó airadas reacciones en México, muy sensible a temas que tienen que ver con su soberanía.

Las autoridades mexicanas se han quejado amargamente de las miles de armas que cruzan la frontera de Estados Unidos cada año y pretenden que Washington haga más para detener el flujo.

Críticas. Los legisladores han criticado al gobierno de Obama sobre este tema, particularmente a raíz del descubrimiento de dos armas que se encontraron en el lugar donde fue asesinado el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry en un tiroteo con los inmigrantes ilegales.

Aún no se ha revelado si alguna de esas armas fue responsable de su muerte. El inspector general del Departamento de Justicia también está investigando el asunto.

Según Grassley e Issa, Melson dijo durante su entrevista que a la ATF no se le brindó información crucial que el FBI y la Administración de Control de Drogas ya tenía de traficantes de armas.

"El Sr. Melson dijo que supo por agentes de la ATF en el terreno que la información obtenida por esas agencias podría haber tenido un impacto material sobre la investigación Rápido y Furioso ya a fines del 2009 o principios del 2010", sostuvieron Issa y Grassley.

Además, Melson también dijo a los legisladores que no revisó los detalles del programa hasta después de que surgió la controversia, y que "se sintió enfermo del estómago cuando obtuvo esos documentos y conoció la historia completa", afirmaron.

Melson sostuvo que supo que las armas eran contrabandeadas sólo después que Ferry fue asesinado. También dijo que los administradores que participaron de la operación están siendo reasignados, dijeron Issa y Grassley

Melson también declaró a los legisladores que brindó información al inspector general del Departamento de Justicia y al vicefiscal general James Cole, causando más ira a Grassley e Issa porque ellos no recibieron esos documentos.

"Si su relato es correcto, entonces el liderazgo del ATF parece haber sido amordazado mientras el Departamento de Justicia envió negaciones falsas y enterró la cabeza en la arena. Esa postura distorsionó la verdad y obstruyó nuestra investigación", dijeron.

Funcionarios del Departamento de Justicia no realizaron comentarios de inmediato.