Hay opiniones divididas sobre la conveniencia de desarmar o no a los grupos de autodefensa, revela una encuesta BGC-Excélsior.
Ciudad de México, Excelsior.com.mx. Se apoyan a nivel nacional y en Michoacán las medidas tomadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar la violencia del crimen organizado y el avance de las autodefensas en esa entidad. Se respalda el envío del Ejército y el encargo de la seguridad a la Policía Federal en varias poblaciones, aunque las opiniones se dividen más en torno al desarme exigido a las autodefensas. Estas policías comunitarias causan una impresión positiva en el país, pero son más controvertidas en Michoacán, según se observa en encuesta telefónica BGC-Excélsior, levantada a escala nacional y en ese estado.
Fueron ampliamente conocidos los hechos ocurridos en torno de la reciente toma de poblaciones michoacanas por los grupos de autodefensa y de la respuesta del gobierno federal para recuperar el control.
La mayoría está de acuerdo con las medidas gubernamentales para enfrentar la situación: enviar al Ejército a retomar las poblaciones ocupadas por las autodefensas (75%), encargar la seguridad pública de diversas poblaciones a la Policía Federal (78%) y nombrar a un comisionado especial para coordinar la seguridad pública en el estado (70%). Esta aprobación se observa también entre la opinión pública michoacana (gráfico 1).
En cambio, la exigencia para que las autodefensas se desarmen divide las opiniones a nivel nacional. Si bien 52% está de acuerdo con esta solicitud, un relevante 42% se opone (gráfico 2). En Michoacán, el apoyo al desarme es mayor (60%).
Quienes apoyan el desarme argumentan que es necesario para evitar más violencia, para que el Ejército pueda entrar a controlar y para que la población no esté armada. Quienes están en contra lo sustentan en la utilidad de las policías comunitarias para proteger a la población, la ineficacia del gobierno para garantizar seguridad, y la vulnerabilidad en que dejarían a las autodefensas frente al crimen organizado.
Al saber la postura de las autodefensas de supeditar el desarme a que el gobierno capture a los cabecillas de Los Caballeros Templarios, existe un sólido consenso en apoyo de este condicionamiento (más de 70% a nivel nacional y en Michoacán).
Los grupos de autodefensa son bien vistos nacionalmente. Se cree que buscan defender a la población de sus localidades, especialmente contra el crimen organizado; 58% está de acuerdo con su existencia (gráfico 3), pues se piensa que están formados por ciudadanos ante la ineficacia de la fuerza pública (66%). Por contraste, en Michoacán, la población está dividida, una mitad los apoya y la otra los rechaza.
No se observa claro respaldo del gobierno de Peña Nieto a las policías comunitarias. Se cree que su actitud ha sido más la de combatirlas (50%). La población nacional se inclina por que sean respaldadas (51%).
Existe división sobre a quién está combatiendo principalmente el gobierno, 38% piensa que a las autodefensas y 30% cree que a Los Templarios.
A ojos de la gente, las autodefensas se han extendido, no por el respaldo gubernamental para que le ayuden a enfrentar a Los Templarios, sino por la incapacidad oficial para controlarlas (75%). Estas opiniones a nivel nacional tienden a repetirse en Michoacán, aunque con matiz menos favorable a las autodefensas pues, por ejemplo, hay opiniones contrapuestas sobre si el gobierno debe apoyarlas (39%) o enfrentarlas (39%).
La opinión pública nacional y la de ese estado sienten que los habitantes de Tierra Caliente prefieren a las autodefensas que a la policía municipal para brindarles seguridad. No obstante, de ninguna manera las autodefensas son vistas como la organización que puede garantizar esa función. El Ejército es la fuerza que se percibe más apta (57% piensa así).
El nombramiento presidencial de un comisionado para la seguridad pública y otras acciones federales en Michoacán divide opiniones a escala nacional sobre su objetivo: unos creen que es para coordinarse mejor con el gobernador Fausto Vallejo y otros piensan que es una manera de sustituirlo. En Michoacán se cree más que es para concertar con Vallejo.
El caso de Michoacán cuestiona a la capacidad del gobierno federal para enfrentar el crimen organizado. Este estado concentra la atención en el tema de la violencia. La mayoría está en desacuerdo con la manera como el presidente Peña Nieto combate al narcotráfico y crimen organizado en el país (53%) y se cree (63%) que ha sido rebasado por este flagelo.
