Santiago. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, cambió este lunes a nueve ministros, en una decisión que incluyó la inédita remoción del titular de Hacienda, para dar un giro a la segunda etapa de su mandato y retomar su agenda de reformas opacadas por una baja en su aprobación tras escándalos de corrupción.

La mandataria concretó su ajuste ministerial anunciado a mediados de la semana pasada, justo cuando el país atraviesa por una profunda crisis de confianza por casos de desvíos de dineros de empresas a campañas políticas que habían salpicado incluso a funcionarios del Gobierno.

En un golpe de timón, Bachelet removió el área más política de su gabinete y realizó algunos enroques de ministros.

Designó a Jorge Burgos, quien se desempeñaba en el cargo de ministro de Defensa, como nuevo titular del Interior en reemplazo de Rodrigo Peñailillo, su más estrecho colaborador que había sido blanco de críticas por asesorías vinculadas indirectamente a una empresa investigada por aportes a campañas electorales.

En una decisión sin precedentes, Bachelet separó a Alberto Arenas del Ministerio de Hacienda y designó en ese cargo al economista Rodrigo Valdés, algo que ocurre primera vez en un Gobierno chileno desde el retorno a la democracia en 1990.

La designación del gabinete, que integran un total de 23 ministros, ocurre además cuando la aprobación a la presidenta ha caído a menos de un 30% y su rechazo bordea el 60%, según sondeos.

El ajuste ministerial incluyó además algunas carteras de perfil más sectorial.

La definición del nuevo mapa ministerial fue complejo para la mandataria, dentro de una coalición de centro izquierda en la que participan desde comunistas hasta la Democracia Cristiana.

La designación del gabinete, que integran un total de 23 ministros, ocurre además cuando la aprobación a la presidenta ha caído a menos de un 30% y su rechazo bordea el 60%, según sondeos.

Por ello, lograr un punto de inflexión con estos cambios es crucial para Bachelet, cuando restan casi tres años de mandato con la tarea pendiente de sacar adelante la segunda fase de una reforma educacional, cambiar leyes laborales, junto con una reforma de probidad y crear una nueva Constitución.