La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la noche de este lunes que el Estado chileno ha decidido objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en la demanda para conocer la demanda que Bolivia presentó contra el país austral en busca de tener una salida soberana al Pacífico.

Esta decisión sigue la línea de los expertos chilenos y ex presidentes del país sudamericano, quienes habían sugerido que el gobierno de Bachelet tomara esta decisión. 

Chile tenía plazo hasta febrero de 2015 para responder a la demanda de Bolivia, pero también podía impugnar en un plazo de 90 días desde la presentación de la memoria -periodo que vencía este 15 de julio-, la atribución del tribunal para pronunciarse, sobre la base de que la CIJ sólo puede ver casos posteriores a 1948, año en que se acordó el Pacto de Bogotá, que le dio origen.

Asimismo, Chile defiende que todos los asuntos con Bolivia se resolvieron en un Tratado suscrito en 1904, 25 años después del conflicto bélico, por lo que la CIJ no tiene competencia alguna.

“Quisiera tomar unos minutos de su tiempo para darles a conocer la decisión que hemos adoptado como gobierno de Chile (…) He tomado de la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya”, dijo Bachelet a todo el país.

La jefa de Estado aseguró que tomó la decisión después de “un proceso de consulta” y reiteró que Chile y Bolivia ya “establecieron sus límites” marítimos. 

Bachelet recordó que "el 24 de abril del 2013, Bolivia solicitó a la Corte Internacional que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo a través del cual nuestro país debería ceder territorio para que Bolivia tenga acceso soberano al mar".

No obstante, señaló que "como ustedes saben, Chile y Bolivia establecieron sus límites definitivos en el tratado de Paz y Amistad de 1904, el cual ha sido respetado e implementado por ambos Estados por más de un siglo, dando Chile cumplimiento al más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio a Bolivia".

La presidenta confirmó que presentará "objeciones preliminares" a la jurisdicción de la Corte de La Haya en el plazo "previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio".