Santiago. “Hay una conversación de cosas no dichas: en Chile hay aborto”, sentenció este domingo la Presidenta Michelle Bachelet al abordar el polémico proyecto de ley que pretende terminar con los embarazos en casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

En una entrevista con radio La Clave la Mandataria reconoció, al igual que lo hizo a fines del año pasado la entonces ministra de Salud, Helia Molina, quien dijo que país se practica el aborto de forma clandestina, y defendió el proyecto de su Gobierno que busca despenalizar la interrupción del embarazo en las circunstancias señaladas.

La Jefa de Estado indicó que las chilenas con recursos económicos se lo realizan con garantías sanitarias, mientras que los que no los tienen deben exponerse a procedimientos médicos inadecuados que ponen en riesgo sus vidas.

“La gente que tiene buenos recursos lo hace en buenas condiciones, y la gente que no los tiene lo hace en malas condiciones y con riesgo para la mujer”, aseveró Bachelet, al utilizar un lenguaje más moderado que le costó el puesto a la ex secretaria de Estado, cuando ésta dijo que “en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”.

Por otra parte, la gobernante recalcó que la iniciativa de su administración cuenta con mucho apoyo (70%) en las encuestas pese a que tiene muchas críticas de la oposición, sobre todo de la UDI, por considerar que atenta contra la vida del bebé que no puede defenderse y porque abre la puerta al aborto libre en el caso de la violación por la confidencialidad que plantea en caso de ultraje de la mujer.

No obstante, la presidenta admitió que se trata de un tema “sobre el que hay opiniones distintas” pero afirmó que el Estado “no puede imponer una mirada al conjunto de sus ciudadanos”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó a principios de agosto la idea de legislar sobre la despenalización del aborto terapéutico que existió durante la mayor parte del siglo pasado y que fue tipificado de delito en 1989, cuando culminaba el régimen militar.

En relación a la implementación de la medida, la mandataria expresó: “aquí nos estamos haciendo cargo de temas de salud y también de temas de dignidad de la mujer y queremos que la mujer, de manera informada, pueda tomar una decisión”, subrayó.