"El proyecto que estamos presentando es parte de una mirada integral y moderna, sobre lo que debe ser la política en una democracia", dijo Michelle Bachelet al defender la iniciativa. "Las empresas no votan y no tienen por qué financiar campañas", insistió la mandataria. La gobernante agregó que la representación parlamentaria debe ser el reflejo "de la voluntad de las personas" antes que producto del dinero.

La iniciativa legal surgió luego que la Justicia iniciara una amplia investigación por los aportes hechos por el banco de inversiones Penta a varios líderes de la derecha opositora, en especial de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).

Sondeos recientes revelan que la mayoría de los chilenos objeta que las empresas puedan dar aportes a los políticos y creen que estas donaciones deben ser personales, públicas y con un monto máximo. Por ley, actualmente todos los aportes a las campañas deben ser contabilizados por el Servicio Electoral, aunque su monto y procedencia puede quedar en secreto para los votantes. Las empresas, además, pueden descontar estos aportes de su pago de impuestos.

"(Deben haber) mecanismos eficientes de rendición de cuentas y donde cada persona sepa quién es su representante, cuáles son sus vínculos y sus prioridades", subrayó Bachelet. Cifras oficiales del Servicio Electoral indican que entre 2004 y 2013 los partidos políticos recibieron 60 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fueron para la Unión Demócrata Independiente. Los otros grandes beneficiados fueron el también opositor Renovación Nacional y la oficialista Democracia Cristiana.