Madrid. El juez Baltasar Garzón testificará este martes en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por excederse en su investigación sobre los crímenes del franquismo, a menos que la sala decida suspender el proceso como pide la defensa.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que el magistrado español más internacional se sienta en el banquillo de los acusados, tras el proceso de las escuchas en prisión del caso Gürtel pendiente de sentencia.

Garzón, de 56 años, se enfrenta a hasta 20 años de inhabilitación profesional si es condenado por prevaricación en cualquiera de los dos juicios.

El domingo, miles de personas se manifestaron en el centro de Madrid en apoyo a Garzón, a quien consideran una víctima política por su lucha contra la corrupción de los políticos y su intento de investigar en 2008 la desaparición de 114.000 personas durante cuatro décadas de franquismo.

"Estamos perplejos, aterrados, indignados, avergonzados", dijo el poeta Luis García Montero al término de la concentración .

"Es una vergüenza que en España, que fue pionera en la oposición a los genocidas, representantes del viejo fascismo español hayan sentado en el banquillo al juez que quiso investigar los crímenes del franquismo", dijo.

Garzón saltó a la fama mundial en 1998, cuando trató de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet desde Reino Unido, y desde entonces se ha convertido en un paladín de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en el mundo, lo que ha añadido controversia a un personaje que en España desata odios y pasiones.

En el caso del franquismo, los cargos contra el magistrado fueron presentados por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que consideran que el juez se excedió en sus competencias y sobrepasó la Ley de Amnistía de 1977, que perdonaba los crímenes bajo la dictadura en aras de la reconciliación nacional y una transición democrática pacífica.

El tribunal podría decidir poner fin al proceso del franquismo si atiende la petición de la defensa de Garzón para que anule el escrito de las acusaciones populares, dos asociaciones de la extrema derecha.

Jueces muy conservadores. "El sistema judicial español, aunque tiene un determinado número de jueces liberales, es aún por muchas razones...por decirlo suavemente muy conservadora, si no activamente pro-franquista", dijo el historiador británico Paul Preston, autor del libro "El holocausto español", a Reuters.

Si así ocurriera, Garzón tiene aún un tercer proceso pendiente con la justicia española, conocido como el caso de los cursos de Nueva York, donde se le acusa de haberse beneficiado económicamente del patrocinio del Banco Santander.

El magistrado también ha negado la acusación, al igual que en los otros dos casos, todos ellos presentados por acusaciones particulares y no por la Fiscalía, que pide su absolución. No obstante, Garzón ha dicho que su carrera en la Audiencia Nacional está arruinada aunque sea absuelto.

Tras ser apartado provisionalmente de su puesto como juez instructor de la Audiencia Nacional hace casi dos años, Garzón se marchó al extranjero - ha trabajado para la Corte Penal Internacional y ahora lo hace para la Organización de Estados Americanos en Colombia.

En un sondeo publicado en la primavera de 2010 cuando se conoció que Garzón iba a ser juzgado, el 65% de los españoles preguntados por la encuestadora Metroscopia dijo que el sistema judicial español estaba politizado mientras que un 61% creía que Garzón estaba siendo perseguido.