En 2011, El Salvador "dedicó 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) a gasto en Seguridad y Justicia", mientras que en 2010 fue el 2,4%", detalló el informe del Banco Mundial.
San Salvador. El Salvador es el país que más gasto público destina a seguridad ciudadana y justicia en Centroamérica, señaló este jueves un informe del Banco Mundial (BM) presentado en esta nación.
"El Salvador es el país de la región que asigna la mayor cuota de su presupuesto (15% en 2010) al sector Seguridad y Justicia (comparado con la media de 8,2% en la región)", apunta el "Estudio institucional y sobre gasto público en seguridad y justicia en El Salvador", elaborado por el BM.
La presentación del estudio se hizo en el contexto del taller "Hacia un plan de acción integral en justicia y seguridad para El Salvador", que se llevó a cabo entre el miércoles y este jueves en San Salvador.
En este país, "si bien el gasto (público) total es bajo, los recursos asignados al sector Seguridad y Justicia son relativamente altos comparados con el resto de América Central", agrega.
En 2011, El Salvador "dedicó 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) a gasto en Seguridad y Justicia", mientras que en 2010 fue el 2,4%", detalló el informe.
"En ese mismo año (2010), Costa Rica, Nicaragua y Panamá dedicaron 2,3% cada uno, Honduras invirtió 2% y Guatemala, 1,7%", agregó el boletín, que no precisó datos de 2011 de esos otros países.
Según el estudio, realizado entre junio de 2011 y marzo de 2012, "la vigilancia y patrullaje policial es el principal destino del gasto en seguridad" del gobierno salvadoreño.
"Durante 2011 casi el 45% del gasto en seguridad se dedicó a esta tarea", añade.
En el otro extremo, para la ejecución de sentencias, encarcelamiento y rehabilitación sólo se invirtió 6,9% y para la prevención del delito 3%.
Además, indica que "en general" en El Salvador "hay poca coordinación y complementariedad entre las diversas instituciones que realizan acciones en materia de seguridad ciudadana tanto en el lado preventivo como en el resto de tareas del sector".
La falta de coordinación entre la instituciones de justicia y seguridad puede favorecer "los elevados niveles de impunidad" en el país, ya que menos de un 12% de los delitos resulta en condenas, destaca el boletín.
El estudio también señala que el país no tiene "estadísticas fiables y comparables" para medir la eficiencia del gasto en seguridad.
"El Salvador no cuenta con un sistema unificado de estadísticas de delitos que integre las denuncias y detenciones realizadas por la PNC (Policía Nacional Civil) y las denuncias de los ciudadanos a la FGR (Fiscalía General de la República)", detalla el documento.
Por otra parte, indica que, aunque destina un alto porcentaje a seguridad, El Salvador tiene uno de los niveles más bajos de gasto público general en América Latina y "cuenta con poco espacio fiscal que permita expandir los gastos generales de manera sostenible".
"Con un 22% del PIB, el gasto en El Salvador es uno de los más bajos de América Latina, muy por debajo del promedio regional (28%)", agrega.
El taller realizado en San Salvador fue organizado por diversas instituciones internacionales, entre ellas, el BM, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
