La Paz, Xinhua. El gobierno boliviano anunció este martes que aguarda una respuesta favorable de su similar de Estados Unidos al exhorto suplicatorio para posibilitar la presencia en Bolivia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado en ese país norte, con el fin de enfrentar un proceso jurídico.

La petición de la justicia boliviana contempla además el requerimiento del ex ministro de Minería e Hidrocarburos, Jorge Berindoague, quien también se encuentra en Estados Unidos y está incluido, al igual que Sánchez Lozada, en el caso denominado "petrocontratos" que se sigue en Bolivia.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró ante periodistas que el objetivo de la justicia boliviana es que Sánchez de Lozada y Berindoague, quienes viven desde octubre de 2003 en Estados Unidos, comparezcan ante la justicia ordinaria.

Para ello, las autoridades estadounidenses deben viabilizar este pedido.

"Consideramos que las personas que tienen procesos pendientes en Bolivia deberían retornar al país para poder defenderse y responder ante la justicia, eso es lo que se pretende con el ex presidente, manifestó Dávila.

Según la vocera gubernamental, el exhorto suplicatorio para estas dos personas es un pronunciamiento positivo que muestra el interés de todo Organo Judicial a favor de los intereses de Bolivia.

El 11 de septiembre de 2011 la Asamblea Legislativa de Bolivia autorizó el procesamiento de Sánchez de Lozada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

La denuncia sobre el caso "petrocontratos" fue presentada por Evo Morales en 2005, entonces en su condición de diputado.

La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 4 de mayo de 2005 el entonces fiscal general Pedro Gareca formuló el requerimiento acusatorio y posteriormente se requirió a la Corte Suprema la autorización para iniciar los procesos.

La demanda se presentó bajo el argumento de que los contratos no fueron respaldados por el Poder Legislativo.

De los 106 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión dl gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, quien fue excluido del juicio.

El 11 de septiembre de 2011 la Asamblea Legislativa de Bolivia autorizó el procesamiento de Sánchez de Lozada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Los ex ministros Carlos Morales, Fernando Illanes de la Riva y Berindoague también están acusados.

Sánchez de Lozada y Berindoague están en Estados Unidos, a donde huyeron tras los hechos de violencia de octubre de 2003.

Los exhortos suplicatorios permitirán que ambos acusados conozcan que se inició un juicio en contra de ellos por el caso "petrocontratos" y para que puedan defenderse en Bolivia.