El comandante de la Unidad, teniente Cristian Zubieta Rojas, informó a Erbol que la decisión de los cocaleros los tomó por sorpresa. “Entre los que han ingresado (a la unidad militar) hay gente con chicotes y palos, pero vamos a evitar la violencia”, señaló.
Al menos 400 cocaleros cercaron este domingo predios de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de La Asunta y obligaron a los militares que la resguardaban a desocupar las instalaciones y abandonar el pueblo. Los acusaron de cometer excesos en la reducción de coca.
El comandante de la Unidad, teniente Cristian Zubieta Rojas, informó a Erbol que la decisión de los cocaleros los tomó por sorpresa. “Entre los que han ingresado (a la unidad militar) hay gente con chicotes y palos, pero vamos a evitar la violencia”, señaló.
La jornada de ayer estuvo marcada por la tensión. A las 09.00 (local), dirigentes y pobladores de las centrales cocaleras La Asunta, Litoral, Puerto Rico y Río Cajones participaron de un ampliado convocado precisamente para analizar la presencia en la zona de los militares encargados de las tareas de reducción de cultivos de coca.
El secretario general de productores de coca de La Asunta, Mario Miranda, informó a La Razón que el ampliado decidió expulsar a los militares porque coincidieron en que cometen abusos al eliminar cultivos sin ningún tipo de consenso. “A las 05.00 entran a erradicar la coca, cuando no está el dueño. A veces, cuando hay cultivadores, los encierran en las chozas del lugar y los sueltan cuando eliminan los cultivos”, denunció Miranda. A las 16.00 informaron a los militares que tenían dos horas para abandonar el recinto y el pueblo.
Cercaron las instalaciones de la FTC. Una fuente informó desde La Asunta que el recinto militar está armado en una superficie de 200 metros con carpas de campaña y cercada con alambres y maderas. Zubieta informó a Erbol que esperaba órdenes superiores tras reportar lo sucedido. Poco después y junto a su tropa abandonaron el lugar en dos motorizados.
Una veintena de militares resguardaba la instalación militar. Habitualmente, se informó a este medio, el número pasa de 100, pero por esta época, con la pausa de fin de año en la reducción de cultivos y el licenciamiento de conscriptos, el número es el mínimo.
Miranda explicó que además de los abusos, el Gobierno incumplió el convenio firmado el 18 de septiembre de 2008. En ese entonces, recordó, el Ejecutivo asumió el compromiso de ejecutar obras y legalizar los cultivos de 1.200 productores.
Zubieta fue aparentemente herido, porque parte de su rostro estaba ensangrentado. Miranda explicó que las bases rebasaron a la dirigencia, pero señaló que no observó ninguna acción violenta contra el militar.
Ninguna autoridad de gobierno informó sobre el hecho. La Razón llamó al teléfono celular del viceministro de la Coca, Germán Loza, para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no contestó, pese a la insistencia. En el Viceministerio de Defensa Social informaron que el viceministro Felipe Cáceres estaba en el Chapare y que no había posibilidad de contactarlo.
Mamani aseguró que La Asunta no tiene coca excedentaria, por lo que no es necesaria la presencia de la fuerza de erradicación. “El Gobierno debería llevar a los militares al Chapare, que es donde se debe controlar la coca excedentaria, aquí no hay nada de eso”, afirmó.
La agencia gubernamental ABI informó en marzo de 2010 que, según datos oficiales, en La Asunta y en Apolo, ambas poblaciones emplazadas en La Paz, se cultivan entre 3.000 y 5.000 hectáreas de coca ilegal. A las 19.20, los militares abandonaron La Asunta. Miranda dijo que sus bases iniciaron una vigilia permanente para evitar cualquier intento de retorno de los militares erradicadores.
La administración del presidente Evo Morales, también líder de los cocaleros del Chapare, instauró la política de reducción voluntaria de cultivos de coca. En 2011 la FTC eliminó 10.509 has de cultivos ilegales y excedentarios.
“Aquí están los productores de la sagrada hoja de coca que no van a permitir la racionalización, porque vivimos de ella. Así como hemos apoyado al gobierno nacional, pedimos que respeten los derechos de los productores de la zona tradicional”, sentenció Miranda, quien dijo que tienen el respaldo de sus entes matrices.
