Cochabamba. La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia expresó su preocupación de que el Estado fiscalice y controle los diezmos que entregan los fieles a las diversas congregaciones.

Durante un encuentro de emergencia, realizado este viernes en Cochabamba, la Asociación distribuyó las copias de lo que asegura es un proyecto oficial de Reglamento de Cultos que habría sido enviado a esa congregación por el Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Dicho documento señala una serie de obligaciones para las asociaciones religiosas establecidas en el territorio nacional. por ejemplo, que “para realizar recaudaciones masivas, el acto debe contar con la presencia de un Notario de Fe Pública, debiendo los interesados remitir copia legalizada del Acta de Celebración a la Unidad de Cultos y ONG’s” de la Cancillería.

Asimismo, estipula que toda organización religiosa debe contar con personalidad jurídica para la realización de sus actividades y para fines de control, información y registro, según publico el diario La Razón.

También se complementa que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones que emanen de la ley y demás normas legales”.

En ese marco, el texto considera la obligatoriedad de presentar un informe anual documentado de actividades y (otro) económico (anexo formulario único anual), así como, de forma semestral, con la nómina de sus misioneros”.

La Asociación rechazó el proyecto de reglamento y su vicepresidente, Agustín Aguilera, tildó el documento de inconstitucional. “Va contra los derechos y libertades del pueblo cristiano en Bolivia, además que es una normativa que va en contra de la Constitución Política del Estado que establece principios de igualdad entre los bolivianos”.

Agregó que lo que se pretende, “fiscalizar los recursos económicos que ingresan a las organizaciones religiosas, es una intromisión en el desarrollo de la Iglesia y sus actividades hasta el punto de un control económico, al control de la idoneidad del pastor y hasta el control de todas nuestras actividades; debemos rendir informes cada año”.

Según Aguilera, además, se promueve desigualdad porque las organizaciones religiosas evangélicas son las únicas que deben rendir informes de este tipo, “no así la Iglesia Católica ni aquellas organizaciones que profesan creencias andinas”.

La Asociación exigió al gobierno igualdad de condiciones y propone un proyecto de Ley de Culto y su Reglamento destinados a regular el derecho constitucional de la libertad religiosa. La propuesta fue presentada a la Cancillería, pero sus representantes aseguran que no fueron escuchados. Por eso decretaron para el 6 de diciembre jornada de oración y ayuno.