La Paz. Una ley en Bolivia que restringe la información sobre candidatos podría deslegitimar la histórica primera elección de jueces nacionales por voto popular en el país andino, advirtieron este jueves medios privados y organizaciones de periodistas.

La elección es uno de los pilares de la "refundación" del país emprendida por el presidente izquierdista Evo Morales, que ha abarcado la estatización de gran parte de la economía y un progresivo acceso al poder de indígenas y campesinos.

"Les decimos a los vocales del Tribunal Electoral (TSE) que esta elección puede terminar siendo deslegitimada porque la gente no sabrá por quién votar, será un listado de personas que no conocen", dijo el director del matutino Página Siete, Raúl Peñaranda.

Roce. El nuevo roce entre el gobierno y la prensa marcó el centro del debate público en la primera semana de inscripción de candidatos para la elección judicial que tendrá dos etapas: en la oficialista Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y luego en las urnas.

Representantes de los medios privados que concurrieron a un encuentro convocado por el TSE señalaron que la elección sólo cumpliría su objetivo de democratizar los tribunales si se elimina un artículo de la Ley de Régimen Electoral que prohíbe entrevistas y campañas proselitistas de los candidatos.

De la votación del 16 de octubre deben surgir los nueve magistrados del Tribunal Supremo, los siete del Tribunal Constitucional, los siete del Tribunal Agroambiental y los cinco del Consejo de la Magistratura, con sus suplentes.

Varios medios privados no asistieron a la reunión, mientras que algunas asociaciones de periodistas hicieron llegar una carta en la que exigieron la anulación de la restricción.

El TSE, creado el 2010, prometió considerar los cuestionamientos y buscar un equilibrio entre las demandas de libertad irrestricta de información y el argumento gubernamental de que debe evitarse que los medios hagan campaña indirecta por sus candidatos favoritos.

Según el procedimiento electoral establecido, los candidatos tendrán acceso libre a los medios durante la primera etapa, que durará dos meses y de la que surgirá la lista de 125 candidatos finales para 28 cargos.

En los tres meses previos a la votación, estos candidatos no podrán hacer campaña y los medios no podrán entrevistarlos. Sólo el TSE podrá divulgar información sobre los aspirantes.

Esta no ha sido la única polémica sobre la elección judicial, ya que la oposición conservadora denunció que no podría evitar que el oficialismo preseleccione sólo a candidatos afines al Gobierno.

De la votación del 16 de octubre deben surgir los nueve magistrados del Tribunal Supremo, los siete del Tribunal Constitucional, los siete del Tribunal Agroambiental y los cinco del Consejo de la Magistratura, con sus suplentes.