La Paz. El gobierno dejó a los sectores sociales decidir cómo y cuándo aplicar medidas para evitar el contrabando de combustibles. Los sindicatos ya tienen propuestas, algunos plantean el alza paulatina de precios, otros reponer el Decreto 748 que elevaba el costo de los carburantes.

“Los movimientos sociales que nos digan cómo hacemos para que no se vaya esta sangría de dinero, con ellos vamos a tomar la futura decisión”, afirmó este domingo el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista en la radio estatal Patria Nueva.

La decisión fue anunciada dos días después de la derogación del Decreto 748 por el cual se nivelaban los precios de los carburantes a los costos internacionales, medida que provocó una serie de protestas sociales en el país por las que el presidente Evo Morales tuvo que tomar la decisión de abrogar la norma, una semana después de su aprobación.

“Qué corresponde ahora —dijo García Linera—, esto que estamos explicando aquí, seguir difundiendo que nuestro pueblo se interiorice... y consultando, hablando con ellos (sectores) nos dirán no es ahora, pero cuándo y de qué manera” se debe obrar.

En todo caso, el vicepresidente aseguró que se debe resolver el problema que genera la subvención a los hidrocarburos. “Hoy la heridita es pequeña, está saliendo la sangre, qué pasa si la herida se abre más, qué pasa si seguimos creciendo como cuerpo y se va volviendo la vena más ancha, tarde o temprano hay que cerrar esa vena abierta del contrabando y de la subvención que nos afecta al pueblo boliviano”, explicó.

Entretanto, los dirigentes de los sectores sociales expresaron su complacencia por la decisión gubernamental de consultarles antes de asumir nuevas acciones.

Propuestas. El secretario de Organización de la Central Obrera Bolivia (COB), Ramiro Leaño, anunció que hoy sostendrán un ampliado para analizar las medidas. No obstante, adelantó que “el pueblo estaba de acuerdo en una subida escalonada, pero no así de ese porcentaje, podría haber aguantado una subida escalonadamente hasta llegar a los precios internacionales”.

Acotó que el alza debió estar acompañada de medidas paliativas no solo para los asalariados, sino para la gente que no tiene trabajo.

La opinión fue compartida por el ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Jorge Valdivieso, quien indicó que “personalmente creo que habrá que ir gradualmente nivelando los precios de la gasolina y el diésel, porque sabemos que las fronteras en el país son muy extensas, lo que hace muy difícil controlar, por eso creo que la única forma era nivelando los precios a nivel de otros países”.

Mientras que Rodolfo Machaca, dirigente de los campesinos de Bolivia, sector que siempre apoyó la medida, afirmó que “nosotros vamos a insistir en la aplicación del decreto, pero de manera concertada y con más medidas paliativas”.

Por su parte, el mallku (líder) del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Sergio Hinojosa, afirmó que “no podemos engañar al pueblo, al país, porque por una parte el decreto supremo de la nivelación del combustible era una salida para tomar el control de la gasolina, el diésel. Los movimientos sociales vamos a tomar una sola decisión coordinando con el Gobierno”.

Entretanto, Remigio Condori, dirigente de la Central Obrera Regional (COR), y Fany Nina, presidenta de la Fejuve de El Alto, coincidieron en que se debe mejorar el control en las fronteras para evitar el contrabando.

Propuestas de la COR y la Fejuve:

Fejuve. la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Fany Nina, planteó que para evitar el contrabando de carburantes se debe “hacer un control informático del uso de combustible de los vehículos”, como por ejemplo determinar cuánto de combustible necesita un camión para viajar hasta la frontera.

COR. Remigio Condori, dirigente del sector, planteó que se endurezcan las sanciones para los contrabandistas, pero además que se garantice el control en las fronteras con las Fuerzas Armadas y Aduana.