La Paz. La iglesia católica de Bolivia, enfrentada frecuentemente al presidente izquierdista Evo Morales, cerró filas este martes en defensa del único cardenal del país, envuelto en un escándalo por presunta corrupción en "gastos reservados" de pasados gobiernos.

La cúpula católica expresó "perplejidad e indignación" por la afirmación de un fiscal de La Paz de que el cardenal Julio Terrazas, con residencia en Santa Cruz, habría recibido al menos 115.000 bolivianos (poco más de US$16.000 dólares al cambio actual) de fondos destinados legalmente a gastos de seguridad durante la década pasada.

El roce se produjo casi coincidentemente con la aprobación, en la ampliamente oficialista Asamblea Plurinacional, de una dura ley de lucha contra la corrupción, impulsada por Morales, que establece retroactividad e imprescriptibilidad de delitos.

El nombre de Terrazas destacó junto al de Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo y ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, en una lista de presuntos beneficiarios de una malversación de fondos públicos divulgada este lunes por el fiscal Félix Peralta.

"A nombre del señor cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero de parte de ningún gobierno", dijo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en un comunicado en diarios locales.

La CEB evitó responsabilizar al gobierno por la acusación del fiscal, aunque Terrazas denunció previamente un "uso abusivo" del poder y se alineó con sectores radicales de la oposición conservadora.

Los prelados acusaron al fiscal de haber cometido una "manipulación" de datos que causó "un grave daño a la persona del Cardenal (...) y a toda la iglesia católica", que perdió parte de sus privilegios el año pasado cuando el catolicismo dejó de ser religión oficial de un nuevo Estado "plurinacional".

Peralta dijo que investiga una presunta malversación de "decenas de millones de dólares" a título de "gastos reservados de seguridad" durante gobiernos neoliberales de la década pasada presididos por Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer (1997-2001).

Un primer implicado en esos gastos, Guillermo Fortún, ex ministro de Banzer y actual candidato a la alcaldía de La Paz, huyó recientemente a Chile denunciando "persecución política".

Waldo Albarracín, en cambio, admitió que gobiernos pasados pagaron indemnizaciones a víctimas de represión política "en presencia o a través de la Asamblea de Derechos Humanos".

"El que nada tiene nada teme. Me voy a presentar delante del fiscal Peralta y le presentaré mis descargos sobre estos dineros antes que me cite a declarar", dijo Albarracín, quien está en campaña para ser elegido de nuevo Defensor del Pueblo.

Tras su llegada al poder, Morales eliminó los "gastos reservados" del presupuesto estatal y declaró guerra a la corrupción, sin grandes resultados hasta ahora.