La Paz. La incorporación de indígenas y mujeres destacó este martes en una renovación total de los tribunales nacionales de justicia de Bolivia, en la culminación de la más polémica de las reformas impulsadas por el presidente Evo Morales.

El cambio, producto de una elección nacional de octubre de 2011 en la que por estrecho margen hubo más votos nulos que blancos, fue saludado como un "hecho histórico" por el mandatario indígena, mientras la oposición insistía en que los nuevos jueces no tenían legitimidad y sólo servirían al gobierno.

Varias autoridades judiciales de origen aymara o quechua juraron luciendo coloridos ponchos, sombreros y otras vestimentas indígenas, en un cambio parecido a los que el mismo Morales encabezó en años recientes en los poderes ejecutivo, legislativo y electoral y en los gobiernos autónomos regionales.

Pero los gritos "Evo, Evo" de activistas pro gubernamentales fueron respondidos con un coro de duras críticas de grupos de opositores en la ciudad sureña de Sucre, donde se efectuó el cambio judicial, en incidentes que mostraron una persistente polarización política producida por la reforma.

Diecinueve de los 28 nuevos jueces titulares son indígenas y mujeres, "muestra de pluralidad y fruto de la revolución" que ha dado también a representantes de los pueblos originarios y del género femenino acceso garantizado al poder legislativo, destacó Morales.

Tras el acto sobrevino una masiva fiesta indígena frente al Palacio de Justicia de Sucre, la capital constitucional del país, según mostró la televisión estatal.

La "revolución judicial" encontraba a Morales en uno de sus momentos de mayor debilidad, tras el duro golpe de los votos nulos de octubre -su peor revés electoral en más de cinco años- y una resonante rebelión de indígenas amazónicos que frenaba una millonaria carretera selvática financiada por Brasil.

"Cambiar siempre va a tener un costo, no va a ser sencillo", dijo el gobernante tras tomar juramento a los jueces, en referencia a una persistente demanda opositora de que los nuevos jueces no asuman sus cargos y se convoque a una nueva elección.

"Pero se acabó la justicia del Estado colonial, justicia sometida a los partidos políticos y acusada de corrupción", afirmó, destacando en cambio el hecho de que los nuevos jueces surgieron del voto popular y no de pactos legislativos.

Morales -admirador declarado y aliado de los líderes socialistas Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba- completará en enero el segundo año de su segundo mandato quinquenal.

Aunque tiene un amplio respaldo legislativo y el control de la mayoría de los gobiernos autónomos regionales y municipales, no ha logrado para la "nueva justicia" el mismo apoyo mayoritario que ganó su reforma constitucional de 2009.

"Esta es una nueva impostura del gobierno, los jueces posesionados en esta farsa democrática no tienen legitimidad, porque el pueblo boliviano votó en contra de ellos", dijo Rubén Costas, gobernador del rico departamento oriental de Santa Cruz y uno de los líderes de la oposición derechista.

También se manifestó crítico Adolfo Chávez, líder de los indígenas amazónicos reconocido por varios medios como "Personaje del Año 2011", quien advirtió que la instalación de los nuevos tribunales no debería frenar el avance de la llamada "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución.

Indígenas y mujeres. Diecinueve de los 28 nuevos jueces titulares son indígenas y mujeres, "muestra de pluralidad y fruto de la revolución" que ha dado también a representantes de los pueblos originarios y del género femenino acceso garantizado al poder legislativo, destacó Morales.

Los nuevos tribunales tienen 12 indígenas declarados -siete hombres y cinco mujeres- y otras siete mujeres de clase media.

Los otros nueve magistrados electos son hombres de clase media, entre ellos Jorge Von Borries, ex presidente de la Corte Suprema que renunció para habilitarse como candidato al ahora llamado Tribunal Supremo y terminó siendo el único juez antiguo que es parte del nuevo órgano judicial.

Hay mujeres en los cuatro tribunales, pero sólo en el Constitucional ellas son mayoría: cuatro sobre siete.

En el Tribunal Supremo de nueve miembros, tres son mujeres; en el Agroambiental de siete puestos tres están ahora ocupados por mujeres; y en el Consejo de la Magistratura de cinco miembros la representación femenina es de dos.