La Paz. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el miércoles, a instancias del Gobierno izquierdista de Evo Morales, un proyecto de ley para retirar temporalmente al país de la Convención mundial antidrogas de 1961, en protesta a la penalización al consumo de la coca.

La norma, que debe ser ratificada por el Senado, establece que Bolivia podrá suscribir nuevamente esa Convención en el 2012, pero expresando sus reservas contra los artículos que prohíben usos tradicionales de la coca, como la masticación, ampliamente practicada por los pueblos andinos.

"Es importante realizar esta denuncia (de la Convención de Viena de 1961) para que nuestro pueblo siga practicando nuestra cultura", dijo el canciller David Choquehuanca tras la votación en la Cámara baja.

Privación de ayuda externa. Opositores a la medida dijeron que la denuncia de la Convención privaría a Bolivia de ayuda externa para la interdicción del narcotráfico y la erradicación de cocales ilegales, pero el canciller aseguró que el Gobierno mantendrá todos los programas antidrogas hasta la nueva suscripción, con reservas, del acuerdo de Viena.

La decisión de denunciar la Convención de Viena surgió casi tres años después de que Morales expulsara del país a la agencia antidrogas estadounidense DEA y cinco meses después de que Washington bloqueara una iniciativa boliviana para retirar de ese tratado una prohibición a los usos tradicionales de la coca.

El proyecto de ley, que fue revelado sorpresivamente poco antes de que se instalara una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, fue aprobado por amplia mayoría de oficialistas y opositores tras menos de cuatro horas de debate, aunque su aprobación estaba garantizada por la mayoría pro gubernamental.

El Movimiento al Socialismo del presidente Morales, quien es líder de los productores de coca, tiene también mayoría en el Senado.

Justificación. "No se trata de desmarcarnos de la lucha antidrogas, sino de hacer respetar nuestra cultura", dijo Choquehuanca al justificar el paso decidido por el país, tercer productor mundial de coca y cocaína después de Colombia y Perú.

Aseguró que, con la denuncia, el Gobierno "acata la nueva Constitución" vigente desde el 2009, que declaró a la coca "patrimonio cultural, recurso natural renovable (...) y factor de cohesión social, que en estado natural no es estupefaciente".

La decisión de denunciar la Convención de Viena surgió casi tres años después de que Morales expulsara del país a la agencia antidrogas estadounidense DEA y cinco meses después de que Washington bloqueara una iniciativa boliviana para retirar de ese tratado una prohibición a los usos tradicionales de la coca.

El proyecto de ley aprobado por los diputados dice en su único artículo que, "de conformidad con (...) la Constitución Política del Estado, se aprueba la determinación del Organo Ejecutivo de denunciar la Convención Unica de Naciones sobre estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo de 1972".

Añade que la denuncia debe ser hecha formalmente "antes del 1 de julio del 2011" y dispone que "el 1 de enero de 2012, el Organo Ejecutivo solicitará su adhesión" a la misma Convención de Viena "presentando de manera simultánea una reserva" sobre el artículo que tipifica a la hoja de coca como estupefaciente y prohíbe su masticación.