La Alta Comisionada del organismo internacional indicó que una mala reglamentación podría afectar a la libertad de expresión, por lo que llamó al diálogo entre el gobierno y los representantes de los medios de comunicación.

La Paz. La Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Navanethem Pillay, aplaudió la reciente promulgación de la primera ley contra el racismo de Bolivia, pero advirtió que una mala reglamentación podría afectar a la libertad de expresión.

En el final de una visita oficial de cinco días al país sudamericano, la funcionaria llamó al diálogo para superar el enfrentamiento entre el gobierno izquierdista de Evo Morales y organizaciones de propietarios de medios y periodistas que rechazan la ley antirracismo.

"La reciente adopción de una ley contra el racismo representa un avance histórico, que también fue solicitado por las Naciones Unidas; no obstante, si no está adecuadamente regulada puede afectar el derecho a la libertad de expresión", dijo la sudafricana Pillay en conferencia de prensa.

Empresarios de medios y parte de las organizaciones de periodistas rechazan especialmente dos artículos, que abren la posibilidad de suspensión de licencia a los medios que cometan racismo y se han negado hasta ahora a participar en la reglamentación de la norma.

La Alta Comisionada instó a los sectores involucrados, entre ellos los movimientos sociales que apoyan la ley antirracismo, a participar en la elaboración de una reglamentación "con una mente abierta".

Pillay, quien se reunió con autoridades del Gobierno y diversos sectores sociales y visitó comunidades indígenas, dijo que tenía una valoración positiva de las reformas legales, políticas e institucionales impulsadas por Morales para poner fin a la discriminación y la exclusión de las mayorías empobrecidas.

Señaló, sin embargo, que más allá de los avances en Bolivia persisten problemas arraigados de derechos humanos que exigen un "trabajo profundo del gobierno", como prácticas de torturas, largos periodos de detención, pobreza, violencia sexual y doméstica y tráfico de niños y adolescentes.

"Tengo entendido que el gobierno ya está tomando medidas, pero lo que oí es que muy pocas de estas medidas están llegando a las áreas rurales, porque se quejan de problemas al acceso de la justicia", remarcó.