Gabriela Montaño, presidenta del Senado boliviano, dijo que el ejecutivo no puede conversar sólo con los sectores indígenas movilizados que rechazan la construcción de la carretera, pues también hay comunidades que se han manifestado a favor de la construcción.

La presidenta del Senado boliviano, Gabriela Montaño, dijo que el diálogo para la realización o no de la consulta que plantea la ley 222 en las comunidades del Tipnis no se puede hacer sólo con los marchistas que la rechazan y arribaron el jueves a La Paz, sino también con los indígenas de esa reserva que decidieron no participar de esta protesta.

"Si vamos a hablar de la consulta que establece la ley 222, hay que hablar con todos, no sólo con una partecita del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), porque quienes marchan hoy día representan a unas cuantas comunidades, pero hay otras que no están marchando, y también deben ser respetadas y tomadas en cuenta", dijo a Télam la senadora.

Montaño fundamentó la decisión expresada ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que el Ejecutivo se propone dialogar sobre la intangibilidad del Tipnis y el proyecto de ruta con los 60 corregidores (máximas autoridades de las comunidades indígenas) y con los representantes de las tres subcentrales de esa reserva -la del Tipnis, la de Sécure y la del Conisur.

Eso supone, también, que el gobierno no considera interlocutores válidos a los dirigentes de la Cidob (Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano), Adolfo Chávez y Bertha Bejarano, por distintos cuestionamientos.

La presidenta del Senado enfatizó que "no podemos repetir el error del año pasado cuando sólo escuchamos a una parte. Ese error se cometió con la ley 180", que impuso la intangibilidad del Tipnis, por exigencia de la octava marcha indígena de protesta que llegó a La Paz en octubre.

"Claro, luego llegó otra marcha (la del subcentral Conisur, a favor de la construcción de la ruta por el Tipnis y contra la intangibilidad) y reclamó la anulación de la ley 180", recordó.

Con respecto a los cuestionamientos a los dirigentes de la Cidob, Montaño dijo que no se trata de que ella o el gobierno los impugnen, sino que "esta novena marcha también representa una parcialidad (de la Cidob) no a las 13 regionales de esa organización.

"Es legítimo que 11 regionales lo hayan cuestionado a Chávez y a toda la directiva, y no por hacer una marcha, sino por haber firmado un acuerdo con (el opositor gobernador de Santa Cruz) Rubén Costas en relación a los estatutos autonómicos de ese departamento que desconocen, por ejemplo, la existencia de los pueblos indígenas", señaló la senadora.

Aclaró que a los indígenas, esos estatutos "los ponen como un dato folklórico, pero no les reconocen autonomía, ni territorios de los pueblos originarios".

"Será la Cidob la que deberá resolver internamente, sin injerencia de la Asamblea (legislativa) ni del gobierno; de hecho hay convocada una gran asamblea de pueblos indígenas en julio, que será el escenario" para resolver ese problema, dijo la senadora.

Señaló, además, que "hay dirigentes que no están interesados en que el resto del Estado y del pueblo bolivianos conozcan lo que sucede en el Tipnis, y que sean sus comunidades las que tomen decisiones".

"La Constitución manda que cuando un territorio indígena es, al mismo tiempo, área protegida, se tenga que hacer una administración compartida con el Estado", explicó.

Pero agregó que "hay dirigentes que plantean que se haga una administración directa de las áreas protegidas -lo cual está en la plataforma de demandas de la marcha- sin que el Estado decida nada y los pueblos indígenas decidan todo".

Según Montaño, esa postura está relacionada "con la economía verde propuesta por los países industrializados y que nosotros como Estado rechazamos".

"Porque para los países industrializados son sólo moneditas, pero para un dirigente indígena es muchísima plata, son millones de dólares los que corren en la economía verde, y que pretenden saltear la soberanía estatal, para hacer acuerdos prebendarios" directamente con algunos dirigentes, explicó.

Agregó, por eso, que si las comunidades indígenas hacen acuerdos con el Estado "es probable que los intereses individuales de algunos dirigentes, de algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) queden al margen".

La senadora Montaño puso como ejemplo que, hace unas tres semanas, Adolfo Chávez planteó que se debía reformar el artículo 349 de la Constitución, que dice que la propiedad de los recursos es del pueblo boliviano y que su administración está en manos del Estado.

"Lo que Chávez cuestionó de ese artículo es `por qué en manos del Estado. Deberían estar en manos directas nuestras`, pero lo que nosotros decimos es que "los pueblos indígenas son el núcleo de este Estado plurinacional, pero no son los únicos, no son un Estado soberano dentro de otro Estado", agregó.

En definitiva, afirmó la presidenta del Senado, "la consulta (a las comunidades del Tipnis) no es un referendo que se resuelve en términos cuantitativos, sino cualitativos, de establecer un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas".