Washington. El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, encabezó este jueves una delegación gubernamental que reiteró ante el Departamento de Estado de EE.UU. el pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ex ministros.

El gobierno de Estados Unidos ya rechazó en 2012 ese pedido pero Fernando Díaz, de la Fiscalía General boliviana, explicó a Efe que ello ocurrió porque "no se cumplieron algunos procedimientos del tratado de extradición".

El gobierno de Bolivia quiere juzgar a Sánchez de Lozada y a los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe, quienes están acusados de cometer una matanza, de homicidio, vejaciones y torturas, lesiones graves, privación de libertad y allanamiento de domicilios.

Los supuestos delitos ocurrieron durante la represión en octubre de 2003 de las protestas contra la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno.

En los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad murieron por lo menos sesenta persona.

Guerrero, quien llegó a Washington acompañado por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, y dos víctimas del llamado "Octubre negro", acudió al Departamento de Estado acompañando por el embajador boliviano en Washington, el general Freddy Bersatti.

Díaz señaló que el pedido de extradición anterior no se presentó acompañado por una traducción de los documentos al inglés realizada por un organismo oficial acreditado ante el gobierno de Estados Unidos.

"Hemos obtenido el trabajo de traductores de la Organización de Estados Americanos", añadió explicando que la gestión le costó al Gobierno de La Paz un millón de bolivianos (unos 144.700 dólares).

"Las traducciones fueron legalizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, y el Departamento Consular de la Embajada de EE.UU. en La Paz ha autentificado y visado los documentos y traducciones", dijo el funcionario.

Mientras que el primer pedido no pasaba de las 1.970 páginas, la documentación que hoy presenta Bolivia supera las 2.200 páginas y, según Díaz, incluye la traducción de las declaraciones de todos los testigos y mejora la documentación de las pruebas de las víctimas.

Siguiendo el proceso debido, el Departamento de Estado debe enviar el pedido de extradición al Departamento de Justicia, que evaluará las pruebas y las acusaciones antes de llegar a una decisión.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín encaran, además, una causa en Fort Lauderdale (Florida), donde el juez James Cohn aprobó en mayo el procesamiento de una causa civil iniciada por familiares de las víctimas de la violencia en 2003.

Los abogados que defienden a los ex funcionarios del gobierno boliviano han pedido a Cohn que revise su decisión y que no permita el avance de la acción civil. El juez Cohn puede tomar una decisión final sobre este asunto en agosto.

Tras los incidentes con víctimas fatales Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de Bolivia el 17 de octubre de 2003 y viajó a Estados Unidos, donde permanece desde entonces.

Por ese mismo caso el Tribunal Supremo de Justicia boliviano condenó en 2011 a dos ex ministros y cinco ex jefes militares que ejercían mando en 2003, y que fueron condenados a penas que van de tres a quince años de prisión.

El juicio quedó en suspenso para el expresidente y los dos exministros hasta su extradición, ya que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.