La Paz. La aprobación de una ley que ordena consultar a grupos indígenas sobre la construcción de una carretera amazónica en Bolivia agravó el viernes un largo enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales, que impulsó la norma, y sectores que se oponen tenazmente a la obra.

Líderes indígenas anunciaron una demanda internacional contra el gobierno y movilizaciones en protesta por la ley sancionada el jueves por el parlamento oficialista, la cual echaría por tierra otra ley del año pasado que suspendió la construcción de un tramo de la carretera financiada por Brasil.

Morales aún arrastra un fuerte desgaste por el conflicto desatado el 2011, cuando la presión de una primera marcha indígena llevó a la Asamblea Plurinacional a aprobar la ley que declaró "intangible" al parque nacional Tipnis, en el centro del país, cuyo ecosistema dicen defender grupos autóctonos respaldados por la oposición y sectores no gubernamentales.

Esa ley pareció dejar saldado el conflicto, pero recientemente otros sectores indígenas del mismo parque, identificados con el gobierno, reclamaron con otra caminata hasta La Paz la reanudación de la obra y exigieron la consulta.

Según la nueva ley, la consulta sobre si debería o no afectarse al Tipnis con una carretera será hecha en un plazo de cuatro meses a las 63 comunidades indígenas del parque, principalmente mediante asambleas y cabildos.

Según la nueva ley, la consulta sobre si debería o no afectarse al Tipnis con una carretera será hecha en un plazo de cuatro meses a las 63 comunidades indígenas del parque, principalmente mediante asambleas y cabildos.

"La consulta es extemporánea, ya hemos dicho que no queremos la carretera (.) porque plantea un riesgo de etnocidio", dijo el viernes a reporteros el diputado indígena Pedro Nuni, al anunciar una demanda contra el Gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque aparentemente divididos y minoritarios, los indígenas amazónicos agrupados en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) han liderado desde el año pasado la oposición a Morales, quien por el contrario tiene gran respaldo entre las etnias aymaras y quechuas del occidente andino.

Según Nuni, "Morales pretende consumar un atentado contra la propiedad colectiva indígena violando la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre indígenas) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas".

La demanda fue presentada el viernes a nombre de la CIDOB y del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), según precisó este último, uno de varios grupos no gubernamentales que respaldan el rechazo indígena al proyecto carretero.

Morales desacreditó previamente a la CIDOB y al Fobomade, asegurando en varias declaraciones esta semana que la consulta "es una conquista democrática que respeta tratados internacionales y normas nacionales".

La carretera que atravesaría el Tipnis -parque selvático de 1,2 millones de hectáreas en el que viven unos 12.000 indígenas, la mayoría en extrema pobreza- uniría el departamento de Cochabamba, donde están los sindicatos de cocaleros liderados por Morales, y el distrito amazónico de Beni.

La obra de 306 kilómetros y un costo de 420 millones de dólares, está a cargo de la constructora brasileña OAS, la mayor contratista vial del Gobierno boliviano.

OAS trabaja en los dos extremos de la vía pero no ha podido iniciar los trabajos en el tramo central de la ruta, de 177 kilómetros, en el corazón del parque.