La Paz. El proceso de autonomías impulsado en Bolivia por el presidente Evo Morales superó este jueves uno de sus mayores obstáculos, al desaparecer la amenaza de protestas coordinadas en cuatro distritos en los que la oposición conservadora tiene fuerte influencia.

En vez de las anunciadas huelgas y otras presiones, los comités cívicos de los departamentos amazónicos de Santa Cruz, Beni, Pando y el sureño Tarija anunciaron que realizarán una campaña de denuncia de la supuesta falta de democracia en Bolivia y a favor de cambios en la nueva Constitución "plurinacional".

Las organizaciones cívicas de los otros cinco departamentos se mantenían en silencio, lo que parecía confirmar la pérdida de liderazgo de los dirigentes regionales de Santa Cruz, que en los últimos cuatro años encabezaron violentas protestas contra Morales en demanda, irónicamente, de autonomía.

La ley de autonomías aprobada por la Asamblea Plurinacional, ampliamente dominada por el oficialismo, es "un nuevo intento de obstaculización del proceso autonómico", denunciaron los dirigentes de los cuatro distritos que hace dos años aprobaron cartas de autonomía hasta ahora no reconocidas por el Gobierno.

"Declaramos que continuaremos el proceso autonómico, definiendo una agenda para la consolidación de nuestras autonomías", señalaron en un "manifiesto" publicado este jueves en medios locales.

Los dirigentes regionales rebeldes denunciaron que la ley de autonomías no transfiere recursos suficientes a las regiones y es una amenaza para los líderes opositores, pues autoriza la suspensión de cualquier autoridad contra la que un fiscal dicte acusación formal por cualquier delito penal.

El "manifiesto" cuestiona también el mandato legal de reformular y someter a control del Tribunal Constitucional y a posteriores referendos los estatutos aprobados en 2008, que contemplaban atribuciones regionales en muchos casos contrarias a la Constitución vigente desde 2009.

En una aparente renuncia a medidas de fuerza, los dirigentes de los cuatro departamentos declararon sólo su "decisión de restituir la democracia en Bolivia, frenar las persecuciones penales con fines políticos y devolver la credibilidad de los administradores de justicia".

Acordaron también "elaborar una propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, en lo relativo al régimen autonómico" y convocar, sin fecha, a "cabildos en defensa de la democracia, la libertad y las autonomías".

La reelección de Morales por abrumadora mayoría, en diciembre del 2009, y el amplio triunfo oficialista en las posteriores elecciones regionales de abril, restaron fuerza a los comités cívicos, que habían actuado como punta de lanza de la derecha durante el primer gobierno del líder indígena.