La Paz. La policía de Bolivia levantó este miércoles un motín de casi seis días para alivio del gobierno del presidente Evo Morales, que en la misma jornada se enfrentaba a más tensión social y política por el arribo a La Paz de una marcha de indígenas amazónicos que rechazan la construcción de una carretera.

El abierto desafío de suboficiales y policías rasos, que Morales vinculó a una supuesta conspiración opositora, y la protesta amazónica se suman a las dificultades que el mandatario indígena andino ha enfrentado en el último año para controlar a los movimientos sociales, su soporte político.

Horas después de resuelto el motín, policías antidisturbios que habían liderado la protesta uniformada por salarios chocaron brevemente con los indígenas, quienes no pudieron ingresar a la plaza Murillo donde está la sede de los poderes estatales, y terminaron su caminata en otra plaza, aclamados por millares de vecinos.

Los indígenas amazónicos, que habían realizado la misma caminata de 600 kilómetros el año pasado en rechazo a un proyecto de carretera por el parque nacional Tipnis, enfrentaron también en las calles paceñas la hostilidad de una coincidente marcha de indígenas altiplánicos leales a Morales.

Próximo a cumplir la mitad de su segundo mandato de cinco años, Morales no tenía previsto recibir de inmediato a los autonombrados "defensores del Tipnis", quienes advirtieron de que se quedarán en La Paz hasta lograr la anulación de una ley de consulta a los indígenas sobre el futuro del proyecto carretero.

"Estamos tan seguros de que no queremos un camino que parta en dos al Tipnis, que ni siquiera aceptamos la consulta trucha (fraudulenta) que quiere hacer el gobierno", dijo el líder del grupo, Fernando Vargas, en el acto de fin de la marcha al que asistieron el alcalde y el arzobispo católico de la ciudad.

El gobierno, que hace tres meses anuló el proyecto carretero del Tipnis para facilitar la consulta, advirtió de que la apertura de un diálogo dependía de que los indígenas resuelvan disputas internas de liderazgo.

El plan vial de US$420 millones y que financiaría Brasil vincula a la región productora de coca de Chapare, cuna política de Morales, con las llanuras de Beni, un distrito largamente controlado por la derecha.

Seguidilla de conflictos. La marcha indígena es el tercer conflicto social que ha enfrentado en el último mes el gobierno izquierdista, sustentado por las mayoritarias etnias de aymaras y quechuas del occidente andino.

Antes del motín, que incluyó violentas marchas callejeras y hasta una golpiza policial a seguidores de Morales, Bolivia soportó un conflicto de 20 días entre mineros asalariados y cooperativistas, ambos aliados del gobierno, por el control de un mina de estaño y zinc del grupo suizo Glencore.

Morales superó la controversia decretando la "nacionalización" o reversión al Estado del yacimiento, aunque preservando un sector para los cooperativistas.

El convenio que puso fin a la protesta policial fue firmado en la madrugada del miércoles por los líderes del motín y ministros y jefes policiales.

Además de incrementar el salario mínimo policial a un monto equivalente a unos US$300, el acuerdo dejó sin efecto un drástico reglamento interno hasta que sea aprobado uno nuevo con participación de los policías de base.