El plan de la presidenta brasileña, sin embargo, puso en pie de guerra a los sindicatos y activistas que la llevaron al poder y constituyen la base de su Partido de los Trabajadores.

Brasilia. La presidenta Dilma Rousseff quiere regular las huelgas de funcionarios públicos, después que una serie de protestas paralizaron recientemente servicios públicos de Brasil.

Pero su plan, que podría aterrizar pronto en el Congreso, puso en pie de guerra a los sindicatos y activistas que la llevaron al poder y constituyen la base de su Partido de los Trabajadores.

Las protestas desde profesores universitarios a inspectores de aduanas y policías federales afectaron tanto a los servicios públicos que la presidenta quiere definir mejor quién tiene derecho a huelga y bajo qué condiciones, además de crear canales de negociación colectiva para evitar futuras paralizaciones.

"La Constitución de 1988 garantiza el derecho a la huelga, pero no fue adoptada ninguna ley para implementar ese derecho", dijo el secretario de Relaciones Laborales de la Casa Civil, Sergio Mendonca, en una entrevista con Reuters. "No sólo vamos a considerar las huelgas, sino también el diálogo, porque el Gobierno no está cerrando el diálogo".

El plan enfureció a los líderes sindicales, que acusan a la presidenta de volverle la espalda al movimiento sindical que llevó al Partido de los Trabajadores al poder en el 2003.

"Nuestra agenda está siendo tomada por la agenda de la clase empresarial", dijo Vagner Freitas de Moraes, jefe de la CUT, una central sindical con más de siete millones de afiliados, incluyendo funcionarios civiles.

"La presidenta Dilma debería cuidar de los intereses de la clase trabajadora, especialmente aquellos sectores cuyo apoyo la ayudó a llegar a la presidencia", dijo a Reuters.

Huelgas policiales, pero sin armas. La reciente ola de huelgas comenzó en mayo en las universidades y fue extendiéndose gradualmente a otras oficinas federales, incluyendo el banco central, su oficina de recaudación tributaria y el instituto de estadísticas.

Los congestionados aeropuertos y puertos de Brasil sufrieron retrasos aún peores de lo habitual, las importaciones de medicamentos fueron congeladas y agroquímicos necesarios para las exportaciones de granos permanecieron durante semanas en las bodegas de barcos anclados frente a la costa.

Mendonca dijo que la futura legislación limitaría el derecho a la huelga de la policía y otras fuerzas armadas, probablemente exigiendo que entreguen sus armas al iniciar la protesta.

En uno de los episodios más tensos de los últimos meses, policías federales en huelga que protestaban frente al palacio presidencial de Planalto fueron dispersados con gas lacrimógeno por policías militares, mientras funcionarios públicos montaban barricadas en la puerta de los ministerios.

Los sindicatos están particularmente irritados con Rousseff porque su predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, construyó el Partido de los Trabajadores en torno a su imagen de líder sindical y símbolo de la enorme clase trabajadora brasileña.

Acabaron los buenos tiempos. Las cosas cambiaron desde la presidencia de Lula.

Durante sus ocho años en el poder, la economía brasileña creció más de un 4% anual por el auge mundial de las materias primas. Los ingresos tributarios permitieron a Lula conceder generosos aumentos salariales, casi triplicando los sueldos de los empleados federales y usando fondos que, según sus críticos, deberían haber sido empleados para mejorar la dilapidada infraestructura que asfixia la economía.

Pero Rousseff, la sucesora escogida de Lula, tuvo que pisar el freno. Un menor apetito por las materias primas y la crisis de deuda en Europa casi paralizaron el crecimiento de Brasil.

Rousseff rechazó las demandas de aumentos salariales equivalentes a unos 98.000 millones de reales (US$49.000 millones).

"El escenario ha cambiado", dijo Mendonca. "No era razonable que los sindicatos hicieran demandas tan altas como las que habían hecho 10 años antes".

Rousseff ofreció a los sindicatos un aumento salarial de 15% en tres años, suficiente para acompañar la inflación.

La mayoría de los huelguistas, con poco apoyo popular, acabaron aceptando su oferta y volvieron a trabajar, menos la policía federal, que busca aumentos salariales de más del 100%.

Y es probable que los brasileños apoyen a Rousseff en la batalla por regular el derecho a la huelga.

Incluso antes de las últimas propuestas, muchos brasileños consideraban que los empleados públicos tenían salarios, jubilaciones y otros beneficios superiores a los de muchos trabajadores del sector privado. La demanda por empleos públicos es tan alta que decenas de miles de candidatos se postulan por cada puesto.

E independientemente de las protestas de los sindicatos, difícilmente lograrán suficiente apoyo para evitar que Rousseff logre aprobar su ley de huelgas en el Congreso.

"Los brasileños tienen una imagen del empleado público como alguien que trabaja poco y gana mucho", dijo el consultor André César, del centro de estudios Prospectiva. "Las huelgas reforzaron esa idea".