El próximo miércoles, Brasil tendrá en pleno funcionamiento la Comisión de la Verdad, que, luego de más de dos años de fuertes presiones y vaivenes políticos para ser creada, sólo podrá investigar violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988 pero sin potestad para procesar a sus autores, amparados además por la Ley de Amnistía.

La presidenta Dilma Rousseff, quien sufrió de manera directa la represión de la última dictadura, pondrá en funciones el miércoles a los siete miembros este grupo investigador en un acto al que asistirán los ex mandatarios José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Lula da Silva "como demostración de que la Comisión de la Verdad no es sólo del gobierno, sino del Estado", resaltó el gobierno.

El ex ministro de Justicia José Carlos Dias; el magistrado del Superior Tribunal de Justicia (TSE) Gilson Dipp; la abogada Rosa María Cardoso; el ex procurador general Claudio Fonteles; el diplomático Paulo Sergio Pinheiro; la psicoanalista María Rita Kehl, y el jurista José Cavalcante Filho, designados el jueves por Rousseff, tendrán dos años para escuchar declaraciones y solicitar y analizar documentos que ayuden a esclarecer los casos, pero sin un fin punitivo, es decir, sin el objetivo de procesar a los autores de esos crímenes.

Esta limitación de atribuciones es consecuencia de las presiones de militares que tuvo que enfrentar Lula durante su último año de mandato, cuando intentó darle estado parlamentario al proyecto de creación de la Comisión.

Las amenazas de renuncia a fines de 2009 de los tres jefes castrenses y del entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim, de excelente relación con la corporación militar, ante lo que consideraron una ley "revanchista", obligaron a Lula a modificar la iniciativa.

Rousseff también padeció las presiones castrenses y de Jobim, funcionario heredado de Lula, y el proyecto volvió a transformarse pero sólo logró la sanción en noviembre del año pasado, luego de que la mandataria pusiera al frente de la cartera de Defensa al ex canciller Celso Amorim, quien logró establecer el equilibrio entre la resistencia militar y las negociaciones ante el Congreso.

Incluso ya sancionada la ley, el tema volvió a generar escozor entre militares de reserva, que en marzo hicieron público un manifiesto con críticas a la mandataria y parte de su gabinete.

Amorim fue el encargado entonces de aquietar los ánimos asegurando que la norma que instituyó la Comisión será aplicada "integralmente", es decir en la observancia de la Ley de Amnistía de 1979, que perdona todos los crímenes políticos y de persecución por motivos políticos ocurridos durante la última dictadura (1964-85).

Así, la Comisión de la Verdad tendrá como misión "rescatar el pasado, promover la paz familiar para quienes se sintieron violados en sus derechos humanos" y "no tendrá una función punitoria, persecutoria o revanchista", según definió el juez supremo Dipp, el que más posibilidades tiene entre los siete miembros de presidir el grupo.

Para el ministro del TSE, la Comisión "es un compromiso de Brasil con su historia, con su pasado, con el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones graves de los derechos humanos" porque "ningún estado se consolida democráticamente si su pasado no fue revisado de forma adecuada".

El grupo investigará el período 1946-88, que incluye las violaciones cometidas desde el gobierno de Getulio Vargas hasta la promulgación de la actual Constitución Federal.

Para ello, se valdrá, entre otros instrumentos, de las informaciones recopiladas desde hace 16 años por la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y desde hace una década por la Comisión de Amnistía.

El perfil de los integrantes del grupo es una señal de que su trabajo será realizado con seriedad, según evaluó Maria Amélia Teles, representante de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, quien advirtió que la "fragilidad" de la Comisión y de la ley está en que "se abarque un período enorme con sólo dos años de trabajo, lo que no es compatible con la cantidad de miembros".

Según el Dossier de los Muertos y Desaparecidos Políticos, entre 1964 y 1985 la represión política de la dictadura militar dejó a 376 víctimas fatales, de las cuales 136 están desaparecidas.

Brasil es el único país sudamericano que no procesó a alguno de los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras que asolaron la región en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado.