La Corte Suprema juzgará desde el jueves a los 38 sospechosos del mayor escándalo de corrupción política en Brasil, que estuvo a punto de tumbar el gobierno del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva y desnudó a toda una clase dirigente que estará en el banquillo de los acusados.

En el “juicio del siglo” -como lo llama la prensa-, el Supremo Tribunal Federal juzgará a 38 ex ministros, ex diputados, empresarios y banqueros involucrados en una presunta red de compra de votos en el Congreso orquestada por el Partido de los Trabajadores (PT, en el gobierno desde hace 10 años) entre 2002 y 2005.

Conocido como el “mensalao” (gran mesada), el caso inmortalizó una de las prácticas más enquistadas en la política brasileña: el pago de favores políticos.

Los implicados -todos libres- deberán responder por un sofisticado plan para comprar apoyos de la coalición en el Congreso bajo el primer gobierno de Lula (2003-2007) y saldar cuentas de la campaña electoral de 2002 que lo llevó al poder, según la fiscalía.

Fundador y líder del PT, Lula fue excluido de la causa penal y aunque el escándalo estalló un año antes de la campaña electoral, consiguió ser reelecto hasta 2010.

Lula, por su parte, negó siempre que supiera de la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas.

Sin embargo su partido, que conserva el poder con Dilma Rousseff, perdió dirigentes históricos y la bandera contra la corrupción que alzó desde su origen. Y el costo podría extenderse a las elecciones municipales de octubre.

Juicio a políticos corruptos. El “mensalao” es un juicio a “un gobierno que se inclinó por mecanismos ilegales para mantener su base aliada en el Congreso”, y su resultado será “visto como una señal de castigo o tolerancia” a los políticos corruptos, dijo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getulio Vargas.

“Es una ventana de oportunidad para que Brasil señale de manera creíble qué tipo de sociedad quiere tener: instituciones fuertes, independientes, capaces de castigar a quien se desvía, o si será siempre la sociedad que acomoda intereses”, indicó Pereira, autor de varios artículos sobre el tema.

Los 38 acusados deberán responder por peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por los que podrían purgar penas de hasta 45 años de prisión. Se espera que las primeras sentencias se conozcan a mediados de setiembre.

El juicio involucra a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex ministros: José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de excongresistas de cuatro partidos que conformaron la base aliada de Lula.

El caso estalló en 2005 cuando el entonces diputado aliado Roberto Jefferson, molesto por una mala repartición del poder, reveló a la prensa la existencia de un esquema de corrupción en el PT.

El esquema del “mensalao” funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que logró contratos para realizar campañas del gobierno.

Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a parlamentarios o sus asesores, al tiempo que De Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos que iban a parar a los cofres del PT.
Millones

No existe un cálculo de cuánto dinero pudo ser desviado, pero fueron “millones de reales”, según la fiscalía.

El extesorero del PT y una de las piezas clave del caso, Delubio Soares, negó el pago de mensualidades a los parlamentarios pero reconoció que pudo incurrir en un delito electoral al no registrar todos los recursos que ingresaban al partido.

Soares -el único de los procesados que admite alguna responsabilidad, los demás se declaran inocentes- fue expulsado del PT en 2005 y readmitido el año pasado.

Lula, por su parte, negó siempre que supiera de la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas.

“No hubo compra de votos en el Congreso, tampoco hubo pago -ni mensual ni de cualquier título- a parlamentarios para votar a favor del gobierno”, dijo el PT en un comunicado previo al juicio.