Brasilia. Dos aliados de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguramente ganarán puestos de liderazgo en el Congreso de Brasil este martes, pero su elección podría ser una mala noticia para aquellos que quieren reformas para impulsar la competitividad de los negocios.

Se espera que los legisladores escojan a Marco Maia, un ex sindicalista y diputado por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), como presidente de la Cámara de Diputados.

José Sarney, presidente de Brasil desde 1985 a 1990 y un importante integrante del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), probablemente será confirmado en su puesto actual como líder del Senado.

Ambos cargos son clave en el establecimiento de la agenda legislativa y ayudarían a consolidar el control de Rousseff en el Congreso, donde su coalición de 10 partidos tiene entre 60% y 70% de los escaños.

La elección de Maia y Sarney sería en gran medida un alivio para Rousseff.

Una lucha de poder el mes pasado entre el PT y el PMDB, los dos mayores partidos en su coalición, había planteado la posibilidad de un voto dividido que podría llevar a la elección de un representante de un partido pequeño.

Sin embargo, tanto Maia como Sarney son vistos ampliamente como defensores del status quo que es improbable que impulsen reformas pro-negocios o medidas para hacer más transparente a la política.

"No es un equipo ideal. Ambos parecen más interesados en satisfacer a sus distritos que en impulsar reformas", dijo Rafael Cortez, analista político de la consultora Tendencias, en Sao Paulo.

Sarney, un ex presidente de 80 años y símbolo de la antigua oligarquía brasileña, ha fracasado reiteradamente en el cumplimiento de promesas de reformas.

En 2009 se vio involucrado en un escándalo ético y de corrupción que casi le costaron el puesto.

Maia es vinculado estrechamente con sindicatos de trabajadores que se oponen a las reformas, como facilitar la contratación y despido de los trabajadores.

Con una moneda fuerte erosionando su participación en el mercado, los líderes de la industria han instado a Rousseff, que asumió su mandato el 1 de enero, a recortar generosos beneficios de previsión social, a simplificar los impuestos y a flexibilizar las rígidas leyes laborales.

Aliados descontentos. La primera prueba del nuevo liderazgo en el Congreso será contener la presión de los legisladores para aumentar el salario mínimo mensual más allá de la propuesta del gobierno de 545 reales (US$326), desde los 510 reales actuales.

Varios legisladores de la coalición gobernante aún sienten que sus partidos están subrepresentados en el gobierno y podrían protestar a través de la votación a favor de un mayor salario mínimo, lo que minaría los esfuerzos de Rousseff por contener el gasto.

"Nunca he visto a un partido siendo atacado más de lo que ha sido atacado el nuestro en los últimos dos meses", dijo el lunes Henrique Alves, líder del PMDB en la Cámara baja, respecto de las disputas en la coalición gobernante.

Rousseff podría proponer recortes impositivos selectivos sobre nóminas e inversiones de capital durante un discurso ante el Congreso el miércoles, dijeron analistas.

Pero la administradora pública de carrera ha mostrado hasta ahora poco apetito por reformas exigidas por el empresariado.