El principal enclave de ese país en el Pacífico vive uno de los dramas humanitarios más graves del país.
La dinámica actual de un conflicto armado que en el puerto de Buenaventura presenta incrementos en el número de hechos violentos, en la magnitud de víctimas y en el número de GAI (grupos armados ilegales) en disputa, así como una mayor degradación en los repertorios de victimización utilizados, nos conduce a intentar responder dos preguntas: ¿cuáles son las circunstancias que favorecen la continuidad de las acciones de violencia ejecutadas por los GAI, pese a la firma del acuerdo de negociación para la desmovilización en diciembre de 2004 entre los paramilitares del bloque Calima (comandados por alías H.H.) y el Gobierno Nacional? Y ¿por qué los GAI han encontrado en la victimización degradada de la población su principal estrategia de dominio?
El conflicto armado en la región no se explica solamente por la comprensión de la trayectoria autónoma que los GAI en confrontación desarrollan en el territorio, sino también a partir del tipo de interacciones que estos establecen con la sociedad.
Es desde estas interacciones que se explica la particularidad de los mecanismos que han desarrollado para su inserción, dominio, disputa y potencial de continuidad en Buenaventura. A partir de su relación con el Estado-Nación colombiano, la trayectoria de los GAI en este territorio se ha caracterizado por una compleja interacción con los procesos históricos que desde los ámbitos económicos, políticos y culturales se han conformado en la región del Pacífico. El Pacífico se caracteriza por ser uno de los territorios con mayor presencia de grupos étnicos en el país. El 90% de su población es afrodescendiente y el 6% lo integran los pueblos indígenas embera dóbida, embera chamí, embera katío, eperara siapidara, wounaan, awa y tule. Mientras que apenas el 4% lo integra la población mestiza.
Las características de su poblamiento, las reivindicaciones étnicas territoriales alcanzadas a partir de la Constitución de 1991 y la alta biodiversidad que se reconoce en los bosques húmedos tropicales que la conforman, han conducido a que un porcentaje cercano al 70% de la región se encuentre jurídicamente excluido del mercado de tierras, por constituir territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas o parques naturales.
Buenaventura se ubica como uno de los centros culturales y económicos de la subregión del Pacífico sur, es su principal puerto marítimo y constituye la ciudad con el mayor número de habitantes de la región, manteniendo la composición demográfica del resto del territorio, es decir, principalmente personas afros.
En el Pacífico, la conformación histórica de esta ciudad expresa antagonismos entre un ordenamiento socioterritorial afro que articula los ámbitos rurales y urbanos del litoral y el desarrollo de una economía portuaria que funciona como puente entre la economía nacional y la internacional. Este contraste se radicaliza a partir de 1993, cuando es privatizada la empresa pública que administraba la dinámica económica portuaria —Colpuertos—, momento que, según el decir de los bonaverenses, conformó un “puerto sin comunidad”.
Los GAI que han hecho presencia en la ciudad desde 1980 hasta 2004 y los que continuaron en el período posterior al acuerdo de desmovilización de 2004 han logrado insertarse en este territorio para lograr sus objetivos a través de acuerdos con actores económicos legales e ilegales en la provisión de seguridad, a través de alianzas con las bandas delincuenciales locales que emergieron y crecieron en la ciudad en el período posterior a la privatización de Colpuertos y a través de degradados repertorios de victimización que posibilitaron el control sobre una población que desde la Constitución de 1991 se encontraba en una dinámica creciente de fortalecimiento colectivo, debido a sus procesos emergentes de participación como sujeto político-étnico.
Para fortalecer el control, los GAI han capitalizado el bloqueo que sufrieron los mecanismos de movilidad social usados por la población hasta antes de la privatización de Colpuertos. Estos mecanismos estaban relacionados con el impulso de trayectorias educativas, con estabilidad laboral y con trayectorias de liderazgo organizativo en los procesos de reivindicación étnico territorial. Frente a los efectos del bloqueo, los GAI han encontrado oportunidades para ofrecer mecanismos ilegales que han posibilitado la movilidad social a algunos bonaverenses. Con estas condiciones han alcanzado a cumplir sus objetivos de financiación desarrollando un portafolio de negocios ilegales que incluye narcotráfico, microtráfico, extorsiones, peajes, control al comercio local, cultivos de usos ilícitos, minería ilegal y lavado de activos.
La pobreza en Buenaventura. Los bajos niveles de ingreso de las familias son una expresión de la pobreza en Buenaventura. De acuerdo con la Cámara de Comercio de esa ciudad, el 24,42% de ellas obtienen menos de un salario mínimo legal vigente (SMLV) por mes, equivalente a $644.350, y el 43,92% tiene entre uno y dos SMLV. Es decir, el 68,34% de las familias bonaverenses obtienen menos de dos salarios mínimos, cifra que se vuelve todavía más crítica cuando tenemos en cuenta que el tamaño de los grupos familiares del municipio es relativamente alto (las mujeres tienen en promedio cuatro o cinco hijos). Sólo el 2,58% gana más de ocho SMLV.
El desempleo es una de las razones por las cuales cuentan con bajos niveles de ingreso. Según los cálculos de la Cámara de Comercio de Buenaventura (2011), en 2010 la tasa de desempleo de la ciudad fue de 63,7%, que es 5,39 veces mayor que la media nacional para el mismo año.
