Mas de 15 mil buses y taxis de Tegucigalpa y San Pedro Sula financian el crimen organizado en Honduras a través del pago del mal llamado "impuesto de guerra" y la extorsión. Así lo confirman estudios realizados por la Secretaría de Seguridad y revelados este lunes por un medio radial del país.

Los datos indican que los transportistas pagan más de 540 millones de lempiras anuales (US$27,3 millones) por extorsiones y el pago del "impuesto de guerra". Mientras tanto, en los últimos 4 años al menos 350 transportistas entre dueños, motoristas y ayudantes han sido asesinados.

Estas actividades ilícitas se convirtieron en los últimos años en uno de los más lucrativos negocios del país y en un verdadero azote para zonas residenciales, pequeñas y medianas empresas, centros de enseñanza y en especial, un fuerte golpe para el rubro del transporte.

La investigaciones detallan que solo el transporte público que opera en Tegucigalpa y Comayagüela le pasa mensualmente unos 25 millones de lempiras (US$1,26 millones) al crimen organizado por concepto del pago del "impuesto de guerra". Dicha cantidad, es igual a 300 millones de lempiras anuales (US$151,6 millones) , mientras que en ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras , los dueños de taxis, de buses amarillos y rapiditos le transfieren al crimen casi 20 millones de lempiras al mes, es decir, unos 240 millones de lempiras (US$12,1 millones) al año.

Lo anterior significa que el sector del transporte público de Tegucigalpa y San Pedro Sula le dan al crimen organizado la suma de 540 millones de lempiras anuales (US$27,3 millones). Además, las investigaciones indican que los dueños de buses rapiditos de estas dos principales ciudades de Honduras son obligados a pagar 600 lempiras (US$30,3) diarios por unidad y entre 300 (US$15,1) y 400 lempiras (US$20,2) por cada bus grande que operan en dichas zonas.

En la capital existen unos 130 puntos de taxis colectivos y a cada uno de ellos se les cobran religiosamente entre 30 y 60 mil lempiras mensuales.

Actualmente en el Distrito Central operan unos 6.800 taxis y aproximadamente 1.500 unidades entre buses amarillos y rapiditos. Mientras que en San Pedro Sula hay 5.200 taxis y unos 1.700 buses entre grandes y rapiditos y cada uno de estos tienen la obligación de pagar la cuota asignada por los criminales.

Lo anterior significa que poco más de 15.200 unidades del transporte público de Tegucigalpa y San Pedro Sula le transfieren al crimen organizado más de 540 millones de lempiras al año, de acuerdo con la información revelada.

Pesquisas realizadas por la Secretaría de Seguridad concluyen la zonas de la capital más peligrosas y donde se ha identificado con mayor fuerza el cobro del impuesto de guerra son: Las Torres, Los llanos, El Sitio, La peña, El Pedregal, Flor del Campo, colonia San Francisco , Calpules, Cerro Grande, El Carrizal, La Sosa, 30 de Noviembre, Colonia Estados Unidos, Villanueva, Villa Vieja y la Quezada .

El delito de la extorsión ha llegado a tal extremo que ahora los criminales no solo piden dinero sino también unidades del transporte. Se han documentado varios casos en que los extorsionadores del transporte no son pandilleros sino los mismos transportistas que extorsionan.

Por otra parte este flagelo ha enlutado en los últimos años a cientos de familiares hondureñas, en los últimos 4años, unas 350 personas en todo Honduras, entre motoristas despachadores y ayudantes fueron asesinados.

Según estudios realizados por organizaciones no gubernamentales, el 80% de estas muertes están ligadas al cobro ilegal de dinero. En los últimos años se registran unas 90 muertes violentas contra transportistas en la capital y unas 80 más en San Pedro Sula.

Trabajadores de rubro consultados lamentan que hasta ahora el Estado haya hecho muy poco para enfrentar con firmeza estos delitos. Ante esto, han solicitado el apoyo de la Secretaria de Seguridad pero según ellos, lo único que les han dicho es que sigan pagándole al crimen mientras se busca una solución al problema.

El pasado jueves transportistas de Tegucigalpa paralizaron sus unidades como símbolo de protesta ante el "inaguantable" delito de la extorsión que afecta sus finanzas, pero sobre todo, sus vidas.