La Paz. La oposición conservadora de Bolivia perdió este jueves el control del principal distrito productor de gas natural del país, en un tenso reacomodo de fuerzas políticas que no parecía poner en riesgo las vitales exportaciones del hidrocarburo a Argentina y Brasil.

Mario Cossío fue suspendido del cargo de gobernador del departamento sureño de Tarija poco antes de la medianoche del miércoles, para que enfrente un juicio por presunta corrupción, y reemplazado horas después por Lino Condori, del gobernante Movimiento al Socialismo.

El relevo, producido durante una sesión de la asamblea regional cercada por protestas a favor y en contra del cambio, dejó en manos del oficialismo las gobernaciones de siete de los nueve departamentos, quedando los opositores con el control de sólo los orientales Santa Cruz y Beni.

"Garantizamos la normalidad de todas las operaciones e instituciones", dijo Condori a reporteros en la mañana del jueves, mientras transcurría casi desapercibido un paro de apoyo a Cossío convocado por el comité cívico del departamento.

Cadenas radiales reportaron que había normalidad en los campos productores de gas y en la red de gasoductos de Tarija, desde donde proceden más del 80 por ciento de los aproximadamente 32 millones de metros cúbicos diarios que Bolivia exporta en esta época a Argentina y Brasil.

Esos yacimientos están ubicados la provincia Gran Chaco, bastión de un movimiento autonomista regional que se alió con el Gobierno para suspender a Cossío, quien sólo podría recuperar su cargo si es declarado inocente en el todavía no iniciado juicio por presunta corrupción.

"Ratificamos que somos víctimas de un golpe antidemocrático, del afán del Gobierno por copar todo el poder utilizando juicios ilegales", dijo el centroderechista gobernador suspendido, quien había sido electo en abril pasado, según despachos radiales.

Cossío no precisó cuándo levantará la huelga de hambre que había iniciado el miércoles junto con una decena de sus seguidores.

Una ley nacional aprobada a comienzos de año, que la oposición criticó duramente, dispuso que las autoridades electas regionales pueden ser suspendidas de sus cargos ante la sola presentación de una acusación formal por parte de un fiscal.

Cossío fue acusado la semana pasada ante un juez ordinario por una presunta compra irregular de cemento, por más de medio millón de dólares, una de decenas de supuestas irregularidades que el acusado rechaza y por las que el Gobierno de Morales lo ha tachado de corrupto.