México DF. El presidente mexicano despertó aplausos en el Congreso y palmadas del mandatario Barack Obama en su espalda durante la reciente visita a Washington, pero no pudo obtener compromisos firmes para sus reclamos sobre inmigración y narcotráfico.

Felipe Calderón se lanzó en la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca contra una ley aprobada en Arizona que permitirá desde julio detener a sospechosos de ser inmigrantes ilegales.

Obama se solidarizó con su homólogo por la norma, que da potestades a la policía estatal antes sólo reservada a las autoridades migratorias y desvela a muchos mexicanos que conforman el 9 por ciento de la población del estado.

Pero el presidente estadounidense no anunció medida alguna para intentar frenar la entrada en vigor de la ley, que especialistas consideran discriminatoria por avalar la detención de una persona en base a su perfil racial.

"Barack Obama se vio tibio respecto a su crítica (...) hubiera sido una gran oportunidad para que pudiera anunciar que el Departamento de Justicia estaba listo para impugnarla jurídicamente", opinó John Ackerman, analista estadounidense que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Hay mucho discurso, pero poco impacto real (...) Obama ve como importantes estos temas para controlar pero no para resolver", agregó.

Con Obama, Estados Unidos ha cambiado de actitud al reconocer la necesidad de una reforma migratoria amplia para regular la situación de los casi 11 millones de inmigrantes ilegales mexicanos que llegaron a Estados Unidos buscando las oportunidades que no hallaban en su país, según analistas.

Pero nada indica que Obama, cuyo país apenas emerge de una aguda crisis económica, tenga el tema de la inmigración como una prioridad.

Aunque Calderón fue recibido con una inusual cena en su honor, música y homenajes a su natal estado de Michoacán, Obama fue claro.

"No tengo 60 votos en el Senado" para sacar una reforma migratoria, dijo en una rueda de prensa. Y aclaró que para lograrlo tendrá que convencer a los republicanos, usualmente reacios a beneficiar a los inmigrantes.

"Decirle eso (a Calderón) fue como decirle 'Siga usted soñando señor presidente, aquí en el Congreso no hay movimiento posible'", opinó Federico Estévez, especialista en relaciones exteriores del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Mea culpa, pero sin compromiso. Washington acepta que es compartida la responsabilidad por el narcotráfico -el mayor problema de seguridad de México actualmente- porque los estadounidenses son los mayores consumidores de drogas ilegales del mundo.

Obama, a diferencia de su antecesor George W. Bush, coincide con México en la necesidad de frenar el tráfico de armamento desde Estados Unidos hacia territorio mexicano que termina en manos de los violentos cárteles de la droga.

Parte del problema es que en la frontera sur estadounidense se pueden comprar fácilmente rifles de asalto o armas de alto poder que en México son de uso exclusivo del Ejército.

Pese a todo, nada indica que Washington vaya a impulsar pronto la reinstalación de una prohibición contra el porte de rifles de asalto, algo que Calderón pidió en un discurso ante el Congreso para ayudar en su lucha contra los cárteles.

Aunque los demócratas se pusieron muchas veces de pie para aplaudir a Calderón en su vehemente discurso, muchos congresistas republicanos que defienden el derecho a portar armas que da la Constitución reaccionaron airadamente.

"La verdad es que la relación entre ambos países es cada vez más intensa y compleja, pero a la vez ellos no nos otorgan ninguna prioridad", dijo Soledad Loaeza, investigadora del privado Colegio de México.

"Es limitada la posibilidad del Gobierno mexicano de influir en el proceso de decisiones de Estados Unidos", acotó.

Estados Unidos aprobó en el 2007 un programa de asistencia por 1,400 millones de dólares para ayudar a México con tecnología y equipamiento sofisticado para sus fuerzas de seguridad, pero los fondos han fluido muy lentamente.

La violencia del narcotráfico ha dejado casi 23,000 muertos desde que Calderón asumió, en diciembre del 2006, y lanzó operativos conjuntos con policías y militares.