Han pasado ya siete meses desde que Juan, de 20 años, se encuentra en la cárcel de Guatemala sin condena por, supuestamente, robar un vehículo. Su abogado, un defensor público, le preguntó en su último encuentro: “Tú ya tienes sentencia, ¿no?”

Juan está detenido en el Centro de Detención Privada de la zona 18 de Guatemala, la cárcel que alberga al 25 por ciento de todos los reclusos del país. Su charla con Acan-Efe tiene lugar en una cárcel del edificio de justicia guatemalteco, a donde fue trasladado para continuar con su proceso judicial.

El Instituto Nacional de Defensa Pública, ente encargado de brindar un abogado del Estado gratuito a cualquier acusado, atendió en 2013 un promedio de 200 casos nuevos cada día, un 12 por ciento más que en 2012. Y la carga promedio para un defensor público fue de casi dos casos nuevos a la semana y de dos audiencias cada día.

El reo relata que, con el paso de los días, se fue acostumbrando a dormir en el piso y a ducharse cada cuatro días, pues el agua es escasa tanto para el baño como para beber.

La demanda de médicos y sicólogos por parte de los reos es alta e imposible de satisfacer para todos. Y lo mismo sucede con las actividades destinadas a la rehabilitación: los cursos para profesiones técnicas, como carpintería o herrería, se encuentran totalmente llenas y con listas de espera abundantes, tanto por la falta de espacio como de instructores.

Esteban, padre de seis hijos, también está en prisión preventiva desde hace nueve meses. Prefiere no comentar de qué lo acusan. Su última experiencia tras las rejas fue en 2001, en una cárcel de Texas tras ser capturado sin permiso legal para vivir en Estados Unidos. Hoy recuerda con nostalgia esos días. “Prefiero estar lejos de mi familia y volver a una cárcel de Estados Unidos que ser tratado peor que un animal, como sucede aquí”, afirma.

Dentro de la prisión, las condiciones mejoran siempre y cuando el reo tenga dinero. Los presos pueden comprar, desde un cigarro hasta leche, si cuenta con recursos monetarios, según la versión de varios presidiarios entrevistados por Acan-Efe.

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CADA 90 MINUTOS, UN ASESINATO

El director del Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala, Édgar Camargo, tomó el cargo hace 14 meses y está aprendiendo a sobrevivir con el mismo presupuesto de 2013, a pesar de tener una población carcelaria del 156% sobre la capacidad de las prisiones, aunque es optimista de que este año se aprobará un plan que mejorará la situación.

“Esto es un caos”, confiesa Camargo, quien dirige los 22 centros de detención guatemaltecos, distribuidos en 11 de los 22 departamentos del país. “No tenemos espacio suficiente. Hemos tomado áreas administrativas para convertirlas en cárceles. Y, tanto el reo como el trabajador del sistema, se ven perjudicados en estas condiciones”, agrega en una conversación con Acan-Efe en su oficina.

Camargo,  un militar retirado licenciado en administración de recursos y tecnología, graduado además en la Escuela de Carabineros de Chile, es el cuarto director del SP en los últimos cinco años.

Su antecesor, José Luis González Pérez, dejó el cargo en febrero de 2013, tras descubrirse que Byron Lima Oliva, un militar condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, contaba con privilegios que le permitían incluso salir en libertad durante unas horas, según información de medios locales.

La sobrepoblación en las cárceles es elevadísima y las estadísticas de personas capturadas van al alza en un país donde cada 90 minutos hay un asesinato y, en promedio, se detienen a mil personas a la semana por diversos delitos, de acuerdo a datos del Ministerio de Gobernación (Interior).

La violencia del crimen organizado y las pandillas es uno de los principales problemas del país, utilizado para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos. En 2013, según cifras oficiales, se registraron 6.072 homicidios, mientras que en 2013 fueron 6.025.

En las cárceles guatemaltecas hay, de acuerdo a información oficial, 170 salvadoreños, 135 nicaraguenses, 113 hondureños, 71 mexicanos, 10 estadounidenses, 29 colombianos y 14 ecuatorianos, además de reclusos en menor cantidad ciudadanos de la República Checa, España, Holanda, Italia y Belice, entre otros países.

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GUARDIAS TEMEROSOS

Los guardias de las cárceles y prisiones guatemaltecas tienen un salario mensual promedio de 430 dólares. “Yo temo por mi vida. Somos pocos para cuidar muchos reos”, asegura bajo la condición del anonimato uno de los 2.763 guardias que componen el SP.   

Actualmente hay un guardia por cada seis reos. Los estándares internacionales recomiendan un agente de seguridad por cada cuatro prisioneros, de acuerdo al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.

El temor de los guardias es fundamentado. En febrero pasado fue asesinado a balazos el director de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, José Vidal Sarceño. El funcionario conducía su vehículo cuando un sicario le disparó desde una motocicleta en marcha, conducida por otra persona. El crimen aún no ha sido esclarecido.

En 2013, según información de medios locales, cinco guardias del SP fueron asesinados en dos hechos distintos de violencia.

La formación de los aspirantes a guardias está a cargo de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Tiene una duración de seis meses y comprende varias fases, como derechos humanos, seguridad, mediación y resolución de conflictos.

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EN EL MISMO ESPACIO CULPABLES Y SOSPECHOSOS

En Guatemala no hay división de espacios para las personas ya juzgadas como culpables y aquellas que esperan un juicio. Ambos grupos de detenidos comparten el mismo espacio.  

Así sucede, por ejemplo, en la cárcel de la sede de los tribunales guatemaltecos, donde los detenidos esperan ser escuchados ante un juez o trasladados a otro lugar.

Dentro de la sociedad guatemalteca sobran las historias de conductores involucrados en accidentes de tráfico que comparten 24 horas en un espacio reducido con mareros que tienen 45 ingresos en prisión o que son acusados de asesinato.

El 49% de los privados de libertad en Guatemala se encuentra en detención preventiva, es decir a la espera de un juicio para determinar su culpabilidad o no. El 51% restante cumple una sentencia.

Las instalaciones obligan a que tengan que convivir en los mismos sectores secuestradores, violadores, asesinos sin distinción. Los únicos delincuentes que son separados son aquellos de maras rivales.

El Instituto Nacional de Defensa Pública, ente encargado de brindar un abogado del Estado gratuito a cualquier acusado, atendió en 2013 un promedio de 200 casos nuevos cada día, 12% más que en 2012. Y la carga promedio para un defensor público fue de casi dos casos nuevos a la semana y de dos audiencias cada día.

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UN SISTEMA SIN RECURSOS

El Sistema Penitenciario tuvo que adaptar sus necesidades económicas de 2014 al presupuesto de 2013, aún cuando se han sumado 3.000 nuevos reclusos en los últimos tres años, según datos oficiales.

La razón por la que el SP utiliza los mismos recursos económicos que en el período anterior obedece a que el Parlamento guatemalteco no llegó a un acuerdo para elaborar un nuevo presupuesto general del Estado. Y la ley ordena que en esos casos se apruebe el presupuesto del año anterior.  

El Estado guatemalteco le otorga anualmente US$68 millones al Sistema Penitenciario. El 63% se gasta en funcionamiento y el resto se utiliza para inversión en estructura carcelaria a través de licitaciones, de acuerdo a información oficial.

Dos ex ministros de Gobernación, Salvador Gándara y Raúl Velásquez, enfrentan actualmente un juicio por un supuesto fraude de 2,2 millones de dólares en la remodelación de una prisión cuando estuvieron en sus cargos entre 2009 y 2010. De acuerdo a medios locales, Velásquez estuvo prófugo de la justicia por 10 meses. Ambos se han declarado inocentes.

El director del Sistema Penitenciario sabe que necesita soluciones. Por ello pretende crear una “Política Pública Penitenciaria”, un plan con metas a mediano y largo plazo que será entregada al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en junio de este año. La intención de Camargo es que el plan sea institucionalizado a través de un acuerdo gubernativo.

La “Política Pública Penitenciaria”  propone cambios en la Ley del Sistema Penitenciario,  actividades de rehabilitación para los reos, incorporación de medidas sustitutivas al encarcelamiento como trabajo social o pago de multas, nuevos perfiles y capacitación para la contratación del personal del SP y la construcción de centros carcelarios que consideren un incremento mensual de 200 personas, entre otros.

“La situación actual de hacinamiento es desmotivante para los reos y para el personal del Sistema Penitenciario”, admite Camargo.  Mientras tanto, espera con ansias que su nuevo plan se ponga en marcha y que, además, se inauguren dos nuevas prisiones, ya en construcción, en Escuintla (al sur del país) y Quetzaltenango (oeste), y que albergarán a 6.000 reos.