Ante diversas solicitudes de información interpuestas por ciudadanos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) la ha negado o respondido escuetamente: asegura que es información clasificada.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) guardó bajo llave prácticamente toda la información relativa a la situación en que estaba recluido el líder prófugo del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán.

A diversas solicitudes de información interpuestas por ciudadanos, la CNS ha respondido escuetamente o bien, negado la información con el argumento de ser información clasificada.

En la solicitud con número de folio 3670000028215, la Comisión Nacional de Seguridad negó el acceso a los estudios del perfil criminológico que se aplicó a Joaquín Guzmán Loera, durante su estancia, tanto en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, como en el Altiplano, Estado de México. La CNS clasificó dicha información como reservada.

En la solicitud 0000400298415, el solicitante pidió a la CNS explicar el estado de las investigaciones sobre la fuga del capo del penal del Altiplano, ocurrida el 11 de julio de este año. Sin embargo, la CNS respondió únicamente con ligas de Internet a comunicados de prensa que han difundido la secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la propia Comisión Nacional de Seguridad.

En otra solicitud de información relativa a si funcionaban los micrófonos de las cámaras colocadas al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1 el Altiplano, si éstos fueron desconectados y qué autoridad o funcionario solicitó desconectar dichos micrófonos durante la fuga de Guzmán Loera, la CNS respondió con un argumento legal. Mencionó que el artículo 47 de la Ley de la Policía Federal establece que corresponde a la Dirección General del Centro de Monitoreo Técnico implementar y administrar los sistemas tecnológicos que permitan la vigilancia, supervisión, aseguramiento y custodia de las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión, reinserción y readaptación social, a solicitud de la autoridad competente y con apego a los derechos humanos reconocidos en las normas jurídicas aplicables.

La información más detallada de la CNS proporcionada hasta ahora sobre este hecho se encuentra en la solicitud con número 3670000027815. En ella, el ciudadano solicitó los documentos de pase de lista desde que Guzmán Loera fue recluido en el penal del Altiplano en febrero del 2014. A ello, la comisión respondió que el “pase de lista” se encuentra en cero, es decir, sin ninguna falta, “salvedad del pase de lista donde se reporta la falta del interno de mérito, de los hechos suscitados en el mes de julio”.

En esa misma solicitud de información, se pidió la lista de artículos de higiene, ropa, calzado, electrónicos o recreativos, que le fueron proporcionados a Joaquín Guzmán Loera durante su reclusión, a lo que la CNS respondió con una argumentación jurídica, y no con lo que el ciudadano le requirió.

Precisó que el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social establece que el interno podrá adquirir, con cargo a su cuenta, los productos que se expendan en las tiendas del Centro Federal, para lo cual se recabará su firma y se asentará en el estado de cuenta mensual.

Explicó que todo interno recibe la dotación de vestuario y ropa de cama que se señalen en el manual correspondiente, y en cada módulo de dormitorios del Centro Federal puede funcionar una tienda que estará a cargo del área administrativa, en la que los internos pueden adquirir productos para su consumo personal, de los autorizados por el consejo y en ningún momento pueden adquirir artículos para terceros; queda prohibido el obsequio, venta, intercambio o apuesta de los mismos con otras personas.

Refirió también que el catálogo de productos autorizados para venta son artículos de higiene personal, tales como champú, jabón de tocador, papel sanitario, rastrillo, crema y pasta dental; artículos de limpieza excepto cloro o cualquier otra sustancia que pueda ser dañina al ingerirse o que resulte flamable; golosinas y complementos alimenticios; aguas purificadas, jugos, leche y refrescos contenidos en envase no metálico, ni de vidrio, y artículos para actividades educativas del interno.

Asimismo, se requirió el historial de visitas de Guzmán Loera durante su estancia en el Altiplano, a lo que la CNS respondió que “la unidad administrativa clasificó como reservada y confidencial”.

Según el senador Alejandro Encinas, durante el tiempo que estuvo encarcelado en el Altiplano, Guzmán Loera tuvo privilegios por parte de la autoridad carcelaria, ya que tuvo 272 visitas de los abogados; 68 visitas familiares y 46 visitas conyugales, lo que le permitió al narcotraficante comunicarse plenamente con el exterior. “Tuvo visitas en 81% de su encierro”, dijo en octubre el legislador.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reservó por 12 años el expediente de investigación por la fuga del Chapo.

Al resolver una petición de información ciudadana, en la que se requería acceso a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/348/2015, la Procuraduría mencionó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “manifestó que el estatus de la investigación tiene el carácter de reservada por 12 años, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

Los avances en el caso. Pese a la reserva de información, en lo que va del año se han registrado varias detenciones relacionada con la fuga.

1. Tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera el 11 de julio del 2015, dos días después se presentó a declarar ante la PGR Calixto Estrada Castillo, dueño del predio donde se cavó el túnel por donde se fugó el Chapo, quien indicó que el terreno lo vendió por 1.5 millones de pesos entre abril y mayo, y que recibió el pago en efectivo.

2. La PGR detuvo a 13 ex funcionarios involucrados; posteriormente, fue consignada Leonor García García, exdirectora jurídica de penal de máxima seguridad El Altiplano, junto con Roberto Cruz Bernal, comandante de Custodios, y Miguel Ángel Flores Mirafuentes, policía federal encargado de monitorear al capo.

3. El 21 de septiembre el juez cuarto de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión contra el ex director general del Centro de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma.

4. El 24 de septiembre se dictó auto de formal prisión contra Celina Oseguera Parra, quien fungía como coordinadora nacional de los centros federales de readaptación social, junto con 12 ex servidores públicos.

5. El 9 de octubre durante su comparecencia en el Senado, la procuradora Arely Gómez dio a conocer que la PGR consignó al piloto que trasladó a Joaquín Guzmán Loera fuera del área del penal del altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex.

6. El 22 de octubre, la División de Inteligencia de la Policía Federal capturó a Oscar Manuel Gómez Núñez, abogado defensor de Joaquín Guzmán, se le culpa de ser el enlace del narcotraficante con las personas que lo ayudaron en su fuga. El litigante fue acusado por participar en la “inteligencia de la fuga”.

7. El 11 de noviembre, el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa dictó auto de formal prisión contra Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín Guzmán, y Ernesto Carrasco Ruiz, acusados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Se les considera responsables de la huida del narcotraficante.