Lima. El escándalo Odebrecht sacudió la política en Perú, con consecuencias para ex mandatarios y funcionarios del país, sostuvo esta semana el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al hacer un balance de su gestión al frente del Ministerio Público.

"Hay un remezón político, tal cual hubo también en Brasil, de manera que ha habido una preocupación en todo el país, incluido el (Poder) Judicial, porque a nosotros nos preocupa el tema", dijo el fiscal.

Sánchez, quien este año concluirá su cargo, reiteró durante un encuentro con corresponsales extranjeros que el impacto de este caso ha sido muy fuerte en Perú y fuera de este país, pero ha permitido a la justicia peruana fortalecer su trabajo.

"A los tres años de mi gestión y año y medio de la investigación, creo que el impacto se ha reducido y se ha levantado la imagen de la Fiscalía como un órgano autónomo", subrayó.

La magnitud de las investigaciones realizadas por los fiscales peruanos se refleja en los procesos que enfrentan los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

El balance del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción ha dado como resultado en los últimos tres años 17 prisiones preventivas, la congelación de US$15 millones y 64 cuentas bancarias intervenidas.

Las autoridades peruanas tramitan en la actualidad ante Estados Unidos la extradición de Toledo, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia con una orden de detención provisional de 18 meses.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las estimaciones iniciales de US$29 millones pagados en 2005 y 2014 por concepto de sobornos por la constructora brasileña Odebrecht en Perú fueron desbordados y superan estas cifras.

Ante este hecho, el jefe de esta dependencia judicial manifestó el compromiso de su equipo de fiscales que trabajan arduamente para evitar que impere la impunidad por estos delitos.

"Estamos, desde el punto de vista del trabajo fiscal, mejorando en la forma procesal para que no se llegue a una impunidad, los casos en orden culminen, se acuse y se condene a quien debe ser acusado y condenado", anotó.

Sánchez también desmintió las acusaciones de persecución política esgrimidas por los ex presidentes Humala y Toledo, como parte de sus estrategias de defensa legal.

"Repito, aquí no hay una persecución, si no hay pruebas, no se acusa, quien no ha cometido ningún delito y quien ha sido responsable está sujeto a las pesquisas que van a hacer los fiscales", precisó.

Sánchez reiteró que el equipo de investigadores fiscales ha demostrado autonomía, y están comprometidos en combatir los actos de corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y, en general, el crimen organizado en el país.

El balance del Ministerio Público peruano en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado ha dado como resultado en los últimos tres años 17 prisiones preventivas, la congelación de US$15 millones y 64 cuentas bancarias intervenidas.

Las autoridades peruanas también han allanado 50 inmuebles, detectado 56 empresas "off shore" en paraísos fiscales e identificado 2.000 operaciones financieras relacionadas con el caso Odebrecht.