Lima. Familiares de desaparecidos durante la lucha contra la guerrilla en Perú presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir un viejo caso que involucra al presidente Ollanta Humala, el cual ya tuvo un alto costo político para el mandatario en el pasado.

Según documentos, abogados de la familia de dos personas desaparecidas en 1992, cuando Humala era capitán del Ejército y jefe de la base militar contrasubversiva "Madre Mía", demandaron al Estado peruano por no investigar debidamente el proceso.

La causa fue archivada por falta de pruebas en el 2009, dos años antes de que el actual mandatario ganara las elecciones en su segundo intento por llegar al poder, tras reconfigurar su imagen en la de un político centrista pro mercado.

Un eventual resurgimiento del proceso, cuya aceptación o rechazo por parte de la CIDH podría demorar años, abonaría las tensiones generadas luego de que Humala nombrara militares en cargos claves de su gobierno, acentuando un distanciamiento con sectores de la izquierda que integran su partido.

El escrito de 21 páginas y 81 artículos enviado a la CIDH en los primeros meses del 2010 reseña que soldados bajo su mando secuestraron a una mujer y un hombre en una localidad selvática plagada de rebeldes maoístas de Sendero Luminoso.

Los esposos Natividad Ávila y Benigno Sullca fueron sacados violentamente de su vivienda y llevados a la base militar, según describe un resumen de la demanda que recoge testimonios de tres testigos y de la hermana de una de las víctimas, Teresa Ávila.

Funcionarios de la CIDH se excusaron de responder la consulta de si habían recibido el escrito, citando normas de confidencialidad, pero tres fuentes relacionadas con la causa confirmaron su recepción.

La demanda fue suscrita por Ronald Gamarra, un abogado que actuó en un juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos en el 2009. Al momento de firmar el pedido, Gamarra era director de la organización no gubernamental (ONG) local Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La CIDH puede hacer recomendaciones o bien someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes para los Estados adheridos a esta jurisdicción que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Capitán Carlos. El documento presentado a la entidad regional detalla que Teresa Ávila habló con el "Capitán Carlos" -nombre con el cual se identificaba a Humala en la base militar Madre Mía- para gestionar la eventual liberación de su hermana y su cuñado un día después de que desaparecieran.

Siempre según la demanda, el "Capitán Carlos" negó la existencia de un secuestro y le dijo que averiguara en bases militares vecinas.

"Fueron detenidos bajo la sospecha de ser terroristas y conducidos a la Base Militar de Madre Mía, para luego ser desaparecidos", detalló el artículo 42 del documento, haciendo referencia a las declaraciones de los testigos.

En el 1992, cuando ocurrieron los hechos denunciados, el entonces presidente Fujimori había disuelto el Congreso y el Poder Judicial para adjudicarse amplios poderes y gobernar con mano dura y el respaldo pleno de los militares.

"La detención se produjo en un contexto de conflicto, donde las fuerzas del Estado, practicaron la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas como estrategia de lucha contrasubversiva; situación que le impone al presente caso un cariz de sistemático", explicó el documento.

Desde que el caso fue presentado en las cortes peruanas en el 2006, Humala ha manifestado varias veces que no tiene nada que ver con las desapariciones.

El caso "Madre Mía" fue desestimado en Perú después de que tres personas cambiaran su testimonio original, en el que habían declarado contra Humala. La investigación tampoco pudo probar si él estaba de guardia, lo que podría implicar que hubo soldados que actuaron por su cuenta.

Se consultó a un asesor jurídico de Humala sobre el caso y éste trasladó el tema al ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien dijo que la CIDH podría no cursar la demanda, ya que el proceso judicial local se realizó correctamente.

"Lo más probable es que ni siquiera (la demanda) nos sea notificada", dijo Jiménez en una entrevista en su oficina.

Costo político. Humala, de 49 años, saltó a la escena política de Perú en el 2000 cuando lideró un frustrado levantamiento militar contra el entonces presidente Fujimori, cuyo gobierno tambaleaba por el mayor escándalo de corrupción en la historia del Perú.

Partidarios de Humala dicen que el caso "Madre Mía" fue activado en el país para obstaculizar su primer intento por llegar al poder en las elecciones del 2006, cuando su candidatura asustó a la clase política y empresarial por sus ideas afines a la izquierda radical del presidente venezolano Hugo Chávez.

En esos comicios Humala pasó a la segunda vuelta, pero perdió frente al socialdemócrata Alan García.

"El hoy presidente era enemigo político del gobierno de turno, de poderosos sectores de derecha, de la prensa y de casi todos los partidos políticos, incluidas cúpulas de izquierda", manifestó el ministro Jiménez.

"Fue en ese ambiente más bien hostil, en un debido proceso, que Ollanta Humala fue exonerado de responsabilidad", afirmó.

En la campaña presidencial 2011, el actual presidente de Perú abandonó sus ideas nacionalistas más tajantes y sedujo a grupos de centro que, junto con un núcleo duro de izquierda, lo ayudaron a triunfar por sobre la propuesta derechista de su rival, Keiko Fujimori, hija del ex mandatario encarcelado.

Pero a poco de asumir, surgieron acusaciones que lo ligaban a militares y a sectores de la extrema derecha que se oponen a la revisión de las atrocidades ocurridas durante el combate a la guerrilla, que dejó 69.000 muertos y desaparecidos.

Analistas dicen que Humala se siente obligado a mostrar "espíritu de cuerpo" y defender a sus compañeros de lucha y al Ejército, que afirman se ha convertido en su principal base política y que pretenden que Perú se retire de la CIDH.

"Aquí hay sectores muy duros en este país, lo que quieren es salirse del sistema y lo que estamos buscando es el equilibrio", refirió el ministro de Justicia Jiménez.

Pero la presentación de la demanda a la CIDH podría frustrar los esfuerzos de Humala para encontrar ese equilibrio.

Desde la otra vereda, organizaciones de derechos humanos que respaldaron a Humala han presentado más de 300 denuncias contra Perú, lo que hace al país andino uno de los mayores acusados en América Latina. Y la CIDH ha admitido decenas de ellos.

"(Se) están disparando en el pie", dijo un funcionario peruano que pidió no ser identificado, para quien la estrategia de los defensores de los derechos humanos de llevar a la CIDH casos sensibles para la política local puede agudizar la pelea con sectores de extrema derecha que apoyan a Humala.

Además de casos vinculados a la guerra interna peruana, el organismo también tiene denuncias ligadas a la mayor actividad productiva y motor de la economía del país: la minería.

En diciembre recibió el pedido de un grupo de indígenas para que el Estado anule un millonario proyecto de la estadounidense Newmont, actualmente detenido por protestas, ya que afirman no respeta el medioambiente ni sus derechos culturales.

El plan de US$4.800 millones para extraer oro podría abrir otro campo de batalla entre Humala y la CIDH.

Defendiendo a comandos. La relación de Perú con la CIDH se agrió en diciembre, cuando el organismo consideró que el Estado peruano no investigó adecuadamente la presunta ejecución extrajudicial de hasta tres rebeldes durante un espectacular rescate de rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima en 1997.

Poco después de conocerse la acción en la CIDH, Humala -en una aparente reacción frente al caso- designó a uno de los comandos que lideró la operación de rescate de 1997, el general Leonel Cabrera, como nuevo jefe del Ejército de Perú.

Según fuentes militares y de derechos humanos consultadas, Cabrera es un hombre de confianza del presidente y fue su jefe cuando Humala cumplía servicio militar en la base antisubversiva "Madre Mía", raíz del caso en manos de la CIDH.

La demanda que envuelve a los comandos de rescate "Chavín de Huantar", considerados héroes en un país que vivió atentados casi a diario durante más de dos décadas, ya fue remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que podría solicitar una nueva investigación y proceso del caso.

"Vamos a defender a los comandos; garantizamos que ningún comando va a ir preso", dijo Humala en tono enérgico después de que el organismo interamericano tomara este caso.

La operación Chavín de Huantar que liberó a 71 personas fue realizada por 142 comandos que, desde un túnel, incursionaron a tiros a la embajada para poner fin al secuestro de políticos, diplomáticos, militares y empresarios que duró 126 días.

Al final, 14 rebeldes, dos militares y un rehén murieron en la operación que recibió elogios a nivel internacional.

El zigzag de Humala ha decepcionado a agrupaciones que defienden los derechos humanos.

"El gobierno hizo el cálculo de que el precio político que hubiese tenido que pagar por ser pasivo o por cooperar con la Comisión habría sido demasiado alto", dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Este es un triste caso de la dirección política y la falta de convicciones y el apoyo a los valores fundamentales", agregó.

En Latinoamérica varios países como Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y el propio Perú han pedido reformar los alcances de la CIDH que en algunos casos recomiendan millonarias indemnizaciones a presuntas víctimas de abusos y hasta paralizar grandes proyectos para proteger a indígenas.

Un sondeo de la firma Ipsos Apoyo, que mostró que más del 50% apoya la gestión gubernamental de Humala, reveló que un tercio de peruanos quiere que el país se retire de la CIDH.

Salirse de la CIDH sería visto por defensores de derechos como un paso atrás de la nación andina, luego de que hace tres años Perú fue reconocido como líder en esta materia cuando se convirtió en uno de los pocos países en el mundo en condenar a un ex presidente -Fujimori- por crímenes de lesa humanidad.

El canciller peruano, Rafael Roncagliolo -un hombre vinculado a la izquierda moderada-, dijo recientemente que alejarse de la CIDH haría del Perú un país "paria".

Agenda propia. Perú dice que tiene su propia agenda de respeto a los derechos humanos en camino, a pesar de la posición de la CIDH.

El gobierno afirmó que está aplicando una ley para indemnizar a todas las víctimas que murieron en el conflicto interno entre 1980 y el 2000 y, con ello, se eliminaría la necesidad de enviar casos a la Comisión.

Según fuentes del gobierno, el Estado peruano ha presupuestado al menos US$50 millones para realizar reparaciones a unas 22.500 personas este año.

Los defensores de derechos humanos dicen que la CIDH ha proporcionado durante décadas una protección muy necesaria para los ciudadanos de los países con sistemas judiciales débiles o con antecedentes de líderes autoritarios.

Sinesio López, un académico de izquierda que renunció como asesor del actual primer ministro Oscar Valdés -un militar retirado nombrado para el cargo en diciembre-, declaró que Humala cometió un error al entrar en una disputa pública con la CIDH.

El experto afirmó que en el caso de Chavín de Huantar, los culpables de las ejecuciones extrajudiciales podrían ser militares infiltrados durante el rescate de rehenes de la casa del embajador de Japón; y no los 140 comandos del Ejército.

Según investigaciones judiciales, al menos un rebelde habría sido ejecutado cuando ya estaba rendido en la residencia del embajador de Japón por un comando paralelo denominado "los gallinazos", enviado por el entonces jefe del servicio de inteligencia Vladimiro Montesinos, brazo derecho de Fujimori.

Los servicios secretos no querían repercusiones políticas ni juicios que podrían derivarse con un rebelde testigo.

La demanda relacionada a los Chavín de Huantar en la CIDH no cuestiona el rescate, sino la actuación de algunos militares que habrían matado a rebeldes rendidos, según el organismo.

"Creo que hay confusión (en la defensa del gobierno a los Chavín de Huantar) creada por la derecha y que el presidente lo está asumiendo", afirmó López, quien trabajó cerca a Humala antes de que éste se apartara de sus raíces políticas.

"Humala se ha refugiado en los militares por presión de la derecha económica y desconfianza en la izquierda", sentenció.