La Haya. Chile cuncluyó este miércoles su intervención ante la Corte Internacional de Justicia(CIJ) de La Haya, en respuesta a la demanda marítima de Bolivia. La defensa nacional, que sustentó sus argumentos en el Tratado de 1904, insistió en su postura de no negociar con Bolivia.

Harold Koh, abogado estadounidense, inició la defensa chilena en esta última jornada, desestimando el caso de Bolivia: “Los alegatos del lunes nos han demostrado que han fracasado completamente”, dijo, añadiendo que “debe ser desestimado en su totalidad”.

“Bolivia se basa en la continuidad o en la acumulación”, precisó.

Asimismo, aseguró que Bolivia sigue sin responder desde cuándo data esta obligación chilena de negociar y cuál es el sustento jurídico; tampoco el contenido, según Koh. Afirmó que aún no explican en qué consistiría ese “acceso soberano” al mar.

El abogado cerró su intervención afirmando que la defensa boliviana lanza todo lo posible, apelando a que algo sirva.

Jean-Marc Thouvenin, abogado francés, insistió en que Bolivia ha cambiado sus argumentos y reinventado su demanda, agregando que la CIJ no debería referirse a este problema, puesto que el Pacto de Bogotá impide referirse a tratados resueltos, ya que son asuntos internos de los países.

“Si la tesis de Bolivia es correcta cualquier Estado, que se sienta víctima de injusticia, podría obligar a sus vecinos a negociar”, insistió Thouvenin, descartando los argumentos bolivianos de la acumulación y asegurando que no se trata de una reivindicación, sino de aspiración.

“Si la tesis de Bolivia es correcta cualquier Estado, que se sienta víctima de injusticia, podría obligar a sus vecinos a negociar”, insistió Thouvenin, descartando los argumentos bolivianos.

El jurista concluyó su intervención afirmando que la obligación de negociar se extingue cuando hubo intentos fallidos.

Intercambio de notas. Sam Wordsworth, en tanto, cuestionó los documentos y notas diplomáticas con los que argumentó la parte demandante, descartando que exista una continuidad que sustente el argumento boliviano.

Recordó que Chile se había comprometido a escuchar las propuestas bolivianas por un puerto, sin embargo, nunca hubo respuesta, puesto que ellos abandonaron las negociaciones.

“Chile nunca firmó ninguna nota que haya estado dispuesto a negociar en esos términos”, manifestó, refiriéndose a una posible salida al mar.

Echando por tierra la continuidad, el inglés reveló que en la década de 1960 hubo notas con un tenor diferente, puesto que ya no se mencionaba una posible negociación.

Posteriormente abordó la declaración conjunta de Charaña, cuando los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer iniciaron conversaciones. Sin embargo, Bolivia no continuó con el diálogo y no nombró un agente especial.

“Bolivia puso fin definitivo al proceso de Charaña y cortó las relaciones diplomáticas. Si hubiese existido obligación de negociar, ya estaría cumplida”, sentenció.

Resoluciones internacionales. Posteriormente, Mónica Pinto basó sus argumentos en las resoluciones de la OEA, precisando que no son vinculantes.

“Bolivia confunde efecto jurídico con efecto jurídico vinculante, una resolución carece de efecto jurídico vinculante”, criticó, añadiendo que Chile ha actuado de buena fe durante todo el tiempo, lo que Bolivia no ha sido capaz de desacreditar.

En el mismo ámbito, Pinto aclaró que las resoluciones de la OEA nunca han mencionado una disputa entre ambos países, sino que sólo una diferencia. “Una recomendación carece de efecto jurídico vinculante”, reiteró.

Documentos no respaldan. Sir Daniel Bethlehem, otro miembro del equipo jurídico, cuestionó los relatos bolivianos. “Chile no acepta la visión de la historia de Bolivia, es parcial e interesada”, dijo, precisando que la defensa nacional sólo se basa en el derecho.

El británico también citó un mensaje por Twitter del presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando publicó que “Antofagasta fue, es y será boliviana”. “Hoy Bolivia se comunica con Chile mediante los tuits de su presidente”, acusó, revelando que no hay diplomacia.

Continuó argumentando que Bolivia ha variado sus argumentos y se ha alejado del derecho, explicando que sus peticiones se basan en tres puntos: reivindicación por una injusticia histórica, tratando de enderezar lo ocurrido en el siglo XIX; obligación de negociar por cartas; y la propia OEA. Con ello, refuerza que no hay nada jurídico que respalde.

“Tiene el derecho a su propia opinión, no tiene derecho a sus propios hechos. Si ha de fundamentar su causa, que lo haga sobre los hechos, no de pruebas que no se sostienen al examinar los documentos”, manifestó, para desacreditar la posición altiplánica.

Desacreditando la teoría de la acumulación, aclaró que lo más importante es que no “había un hilo” entre los variados intercambios de notas diplomáticas. “Esto no es mera matemática, es derecho. La jurisprudencia deja claro que la mera repetición o acumulación de declaraciones o de conductas, que no dan lugar de forma individual la de obligación jurídica, no dotan sin más de calidad de vinculante a éstas”, precisó.

 

Agente cierra presentación. El agente chileno, Claudio Grossman, fue el encargado de concluir la defensa. Inició su intervención afirmando que “Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión, ha presentado a Chile como que asfixia a Bolivia, como carcelero”.

Por el contrario, aseguró que “ha sido y sigue siendo un vecino que coopera y es amable. Recuerda que ha sido Bolivia quien trajo a Chile ante la Corte”.

Grossman reforzó ese punto, indicando que el país tiene buenas relaciones con los vecinos, basadas en actitudes de cooperación y respeto. “Bolivia rechazó las relaciones diplomáticas cuando no estaban satisfechos”, lamentó.

Luego, manifestó que los cambios argumentativos de Bolivia se deben a que su caso es débil y recordó las facilidades que Chile mantiene para la utilización de los puertos y el libre tránsito. “Bolivia no está encarcelada, Bolivia no está encarcelada por Chile”, dijo.

“Chile nunca ha estado obligada a negociar y sigue sin tener dicha obligación en la actualidad”, advirtió, esperando que se falle con bases en el derecho internacional.

Por último, pidió a la Corte que se “desestimen todas las demanda del Estado Plurinacional de Bolivia”.