Santiago. El gobierno chileno anunció que invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado a frente a la paralización ciudadana de la zona de Magallanes realizada en protesta por las alzas del gas y que ha provocado un serie de trastornos y millonarias pérdidas económicas.

"Nuestro gobierno ha resuelto presentar acciones judiciales invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado", afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Argumentó que “en los últimos días hemos visto actos que sobrepasan una legítima protesta ciudadana. Hemos visto dirigentes con poca responsabilidad llamando a bloquear calles y tomarse aeropuertos", indicó Emol.

Criticando a los dirigentes de la mesa ciudadana de Magallanes indicó que “hemos visto a muchos dirigentes con poca responsabilidad y me pregunto qué respeto tienen ellos por el respeto de los enfermos y de los turista”.

Por su parte, el recién nombrado biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne -quien viaja este lunes a la zona en conflicto- dijo que “es una materia del ministerio del Interior, pero no se aplica la ley de seguridad del Estado a los ciudadanos, es una condición que se establece en general para una cierta situación. Es facultad de los tribunales aplicar esta legislación, pero es una materia que el ministerio del Interior ha establecido para precaver una situación de orden público que puede ser compleja a una serie de personas, aquí tenemos que cautelar a los más desvalidos, a quienes quieran desarrollar una vida normal, a quienes quieran continuar con su quehacer habitual", dijo La Nación.

Rechazo a la medida. La Asamblea Ciudadana de Magallanes reaccionó con molestia al anuncio. Uno de los voceros del movimiento, Dalivor Eterovic, explicó que está consciente que con las nuevas circunstancias puede ser detenido, pero enfatizó que continuará movilizado.

Enfatizó que “aquí lo que hay es una manifestación ciudadana. No otra cosa que eso. Aquí no se ha quebrado ni un vidrio, por lo tanto no entendemos la lógica de la aplicación de esta ley. Eso es algo que sólo cabe en la cabeza del gobierno liderado por Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha, autoritario, violento, que utiliza la violencia para resolver los problemas: lo hizo en Isla de Pascua, en La Araucanía, y ahora pretende hacerlo en Magallanes", informó Radio Cooperativa.

En la oposición, el jefe de la bancada de diputados de la DC, Patricio Vallespín, consideró el anuncio del gobierno como “una medida de presión que sólo busca amedrentar y amenazar a los magallánicos”.

A su juicio “si se quiere llegar a acuerdo, no se puede conversar con amenazas, ¿cómo se van a sentar a la misma mesa si hay uno de los actores que está directamente amedrentando a los otros?”, señaló Radio Bío Bío.