El Consejo para la Transparencia formuló recomendaciones tanto a la Secretaría General de la Presidencia (quien lidera la agenda legislativa del gobierno) como al ministerio de Economía, para que se adopten medidas que garanticen que las consultas públicas sobre anteproyectos de ley sean realizadas, en lo sucesivo, con los mayores niveles de transparencia posible, según indica un comunicado de prensa de la ONG Derechos Digitales.

Lo anterior, luego que el Consejo acogiera un reclamo interpuesto por ONG Derechos Digitales ante la negativa del Ministerio de Economía para entregar copias de las respuestas de la consulta pública que efectuó para elaborar el proyecto de reforma a la ley de datos personales, que actualmente se tramita en el Congreso Nacional.

El Consejo determinó que una consulta pública de esta naturaleza no puede garantizar ninguna clase de anonimato, sino que por el contrario, debe realizarse con los más altos estándares de transparencia. En este marco, no sólo exigió al Ministerio de Economía garantizar medidas de transparencia para las consultas públicas, sino también dispuso el envío de un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la adopción de medidas orientadas a garantizar la transparencia en esta clase de procesos.

Para Claudio Ruiz, presidente de la ONG, el fallo no solo va en beneficio de conocer cómo finalmente se diseñó el criticado proyecto de reforma a la ley de datos personales, sino también “es un paso muy importante para la transparencia pública pues tanto ciudadanos como otros grupos de la sociedad civil podrán ahora tener acceso directo a la información de las distintas consultas públicas que hace el Estado y, de esta forma, aumentar su fiscalización".

En el fallo, el Consejo para la Transparencia ordenó al Ministerio de Economía entregar todas las opiniones que se acompañaron en la consulta pública, aun en el caso de quien se opuso a que sus aportes fueran difundidos. En dicho caso, sostuvo el Consejo, la ‘expectativa de anonimato’ no obsta a que esa información también se entregue, eliminando los nombres de quienes se opusieran.

El Ministerio de Economía aún tiene plazo para apelar este fallo. No obstante, para Ruiz, "una apelación crearía legítimas sospechas sobre la calidad e integridad del proceso que lideró el Ministerio y que, por lo demás, produjo un proyecto de ley con graves deficiencias desde la óptica de la protección real de la privacidad de los chilenos”.