Santiago. Chile constituirá este martes un consejo que elabore normas para combatir la corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias, una medida que oficializará la presidenta Michelle Bachelet cuando su propio hijo está bajo la lupa por sombríos negocios y empresarios están cuestionados por sobornos.

El consejo, que será conformado por expertos, deberá entregar lo más pronto posible a Bachelet los lineamientos de un proyecto de ley dirigido a frenar la incompatibilidad entre los negocios y la política.

"El desafío que tenemos por delante y que está impulsando el gobierno es aumentar los estándares regulatorios y por tanto tener una institucionalidad que sea mucho más eficaz respecto de la regulación de los negocios, la política y la relación que existe entre lo público y lo privado", dijo el ministro portavoz del gobierno, Alvaro Elizalde.

"Esto constituye una oportunidad para tener un marco legal, una institucionalidad, nuevas regulaciones para evitar que efectivamente estas situaciones se produzcan en el futuro", agregó al anticipar los lineamientos que marcarán el trabajo del nuevo consejo asesor presidencial.

Aunque está lejos de los casos de corrupción que sacuden a Brasil en Sudamérica, el anuncio del nuevo consejo ocurre tras una serie de escándalos que han golpeado a uno de los países más estables y con mejor grado de inversión en la región.

Un juez chileno ordenó el fin de semana la detención preventiva de los dueños del grupo financiero Penta, en el inicio de una investigación formal por los delitos de fraude tributario y sobornos, en medio de aportes ilegales de dinero a campañas electorales.

El gobierno no se ha escapado de estos líos. El hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, debió renunciar recientemente a su cargo de director cultural tras una polémica por acusaciones de tráfico de influencias en un millonario crédito para la compra y venta de terrenos.

El escándalo por el crédito de US$10 millones -concedido por el magnate y banquero local Andrónico Luksic- provocó en febrero un derrumbe en el apoyo a Bachelet al menor nivel en su actual mandato.

Bajo este panorama, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dijo que todos los comportamientos apartados de la ética y la legalidad deben ser condenados.

Asimismo, se incorporará a las normas de las diferentes ramas productivas del país la idea de congelar o suspender a los socios involucrados en delitos mientras dura una investigación y la suspensión en caso de comprobarse sus responsabilidades, agregó Santa Cruz.

La constitución del consejo asesor se conoce además cuando el senador independiente Carlos Bianchi es investigado por presunto fraude al fisco y negociación incompatible en el arriendo de inmuebles.

Adicionalmente, una fiscalía avanza en diligencias por supuestos aportes a campañas políticas de la minera y productora de fertilizantes SQM.